Zapatero imputado por el caso Plus Ultra
Primera imputación a un expresidente abre investigación sobre supuestas comisiones y vínculos con Venezuela y SEPI.
- 01La imputación inédita
- 02Registros y pruebas incautadas
- 03Vínculos con Plus Ultra
- 04Reacción política inmediata
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La Audiencia Nacional ha citado como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero tras admitir el juez José Luis Calama indicios de una presunta trama de tráfico de influencias ligada al rescate de la aerolínea Plus Ultra. El auto sitúa al exmandatario como “vértice” de una estructura que habría canalizado casi 1,9 millones de euros hacia él y su entorno mediante sociedades y contratos de consultoría. La Policía (UDEF) practicó registros en su despacho y en empresas vinculadas —entre ellas la agencia de sus hijas, What The Fav— y el juez ha acordado el bloqueo de 490.780 euros de sus cuentas. La comparecencia de Zapatero fue finalmente aplazada para el 17 y 18 de junio, cuando deberá contestar ante la Audiencia Nacional.
Es la primera vez en la democracia española que un expresidente es llamado como investigado en un caso que combina presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y posibles indicios de blanqueo. La causa, reabierta tras averiguarse en 2024 posibles vínculos con operaciones corruptas en Venezuela, implica a directivos de Plus Ultra, a consultoras afines —entre ellas Análisis Relevante— y arrastra a la Sociedad Estatal SEPI, cuya documentación ha sido cuestionada por la UDEF. La investigación puede poner nueva tensión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y reconfigurar el debate político en Madrid.
La imputación inédita
El juez José Luis Calama sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias” cuya finalidad habría sido obtener decisiones públicas favorables para Plus Ultra a cambio de beneficios económicos. El auto recoge movimientos monetarios entre empresas del entramado —Análisis Relevante, Gate Center y Thinking Heads— y la cuenta compartida del expresidente, y le atribuye delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, además de apuntar indicios de blanqueo. El magistrado cifra en torno a 1,9 millones de euros los presuntos beneficios canalizados hacia Zapatero y su entorno.
Registros y pruebas incautadas
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicó registros simultáneos en el despacho de Zapatero, en la empresa de sus hijas What The Fav y en sedes vinculadas a Análisis Relevante; entre los objetos intervenidos figuran documentación, ordenadores, agendas y una caja fuerte. El auto destaca el papel operativo de la secretaria del expresidente, María Gertrudis Alcázar, y autoriza registros sobre dispositivos para preservar pruebas. La UDEF deberá ahora cribar el material incautado para vincular pagos concretos —entre ellos transferencias por casi medio millón de euros desde Análisis Relevante— con actuaciones dirigidas a facilitar la concesión del préstamo de 53 millones.
Vínculos con Plus Ultra
La investigación pone en el centro a directivos de Plus Ultra y a sus intermediarios: Julio Martínez Sola (presidente) y Julio Martínez Martínez (considerado por la causa como testaferro) aparecen en conversaciones y contratos que, según la UDEF, sirvieron para canalizar comisiones. El juez describe cartas de intención y una operativa internacional —con referencias a Venezuela, Emiratos y China— en la que Zapatero habría actuado como punto de acceso a “los más altos niveles políticos” para operaciones como compraventa de petcoke y otras transacciones de alto valor.
Reacción política inmediata
El presidente Pedro Sánchez y la dirección del PSOE han manifestado apoyo y apelan a la presunción de inocencia de Zapatero, mientras que la oposición —Partido Popular, Vox y otros— pide explicaciones e impulsa actuaciones parlamentarias. El PNV, socio con voto relevante, ha advertido que la continuidad de Sánchez en la legislatura resulta difícil si persiste la “judicialización” del Ejecutivo. Algunas formaciones personadas en la causa han anunciado que reclamarán medidas cautelares, como la retirada del pasaporte diplomático o la prohibición de salida del país.
El origen del expediente se remonta al préstamo de 53 millones concedido por la SEPI el 9 de marzo de 2021 para reforzar a Plus Ultra durante la pandemia; tras un archivo provisional en 2023 por la jueza Esperanza Collazos, la Fiscalía Anticorrupción reabrió la pieza en 2024 al detectar indicios de posible blanqueo vinculado a tramas venezolanas. En diciembre de 2025 la UDEF detuvo a directivos de Plus Ultra —entre ellos Julio Martínez Sola— y a personas próximas a la consultora Análisis Relevante, lo que llevó la investigación a la Audiencia Nacional bajo la instrucción de José Luis Calama.
Zapatero ha negado cualquier gestión ante la Administración por el rescate y afirma no haber tenido sociedades mercantiles, mientras que el juez y la UDEF sostienen que existen transferencias documentadas desde empresas vinculadas a la trama; la SEPI, por su parte, afirma colaborar con la justicia aunque la UDEF denuncia que aportó carpetas incompletas.
Hitos próximos: la declaración de Zapatero como investigado queda fijada para los días 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional; la UDEF continuará el análisis forense del material incautado y de las cuentas bloqueadas, y las acusaciones personadas (PP, Vox, Hazte Oír y otras) podrían solicitar medidas cautelares antes o durante esas comparecencias. Además, el Senado ha anunciado actuaciones vinculadas a la gestión de la SEPI en 2021 que podrían aportarse como diligencias complementarias.