La Moneda activa indicaciones sustitutivas y un cronograma estricto para neutralizar miles de enmiendas; la Comisión de Hacienda sesiona de manera maratónica y aprueba el fondo de reconstrucción mientras crecen las tensiones políticas y los riesgos fiscales.
01El debate parlamentario sobre la Ley Miscelánea —denominada por el gobierno como Plan de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica— quedó marcado por un “tsunami” de indicaciones que llegó a cifras inéditas: desde primeros recuentos de alrededor de 1.300–1.500 enmiendas hasta un total final reportado de 1.603 presentadas, lo que obligó a la Comisión de Hacienda a funcionar en jornadas maratónicas y extraordinarias.
02Frente a la ofensiva opositora, el Ejecutivo puso en marcha una estrategia defensiva consistente en ingresar indicaciones sustitutivas completas al proyecto: un mecanismo técnico que, de ser aprobado por la mayoría oficialista en la comisión, haría caer automática y masivamente muchas de las enmiendas presentadas por parlamentarios.
03La tramitación se ha ajustado con medidas procedimentales: el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Agustín Romero, acotó los tiempos de intervención (dos minutos por indicación o por agrupaciones de indicaciones), ordenó agrupar enmiendas similares y advirtió que, cumplido el plazo reglamentario nocturno, se cerraría el debate y se procedería a votar sin discusión los artículos pendientes.
04El trabajo técnico fue colosal: la secretaría de la Comisión debió elaborar el comparado (documento de cuatro columnas que coteja texto original, indicaciones y autores), con proyecciones que llegaron a estimar un informe de miles de páginas (incluso cercano a 3.800 páginas), y clasificar las indicaciones por materias —beneficios sociales, regionalización, impuestos, medio ambiente, seguridad, vivienda, empleo, minería, entre otras— para facilitar su discusión.
05En medio de la tensión, la Comisión logró su primer acuerdo político: la aprobación unánime del artículo que crea y amplía el fondo de reconstrucción —pasando de $800 mil millones a $1,2 billones según el dictamen— y la aprobación de herramientas fiscales puntuales (como un impuesto único voluntario de 5% para ciertos arrendadores y un crédito tributario para pymes que contraten), medidas que el gobierno presentó como parte central del proyecto.
06La ofensiva reglamentaria del Ejecutivo y la decisión de priorizar indicaciones gubernamentales provocaron fuertes reproches de la oposición: diputados denunciaron que la maniobra anula el trabajo legislativo, limitaría el derecho a colegislar y, en algunos casos, se presentaron reservas de constitucionalidad y críticas al carácter acelerado del trámite.
07Paralelamente, La Moneda intentó abrir negociaciones puntuales con la Democracia Cristiana (DC) para conseguir apoyos y ofreció ajustes —por ejemplo en plazos de invariabilidad tributaria— mientras que otras decisiones del gobierno, como la propuesta de condonación parcial de intereses del CAE para deudores morosos (si pactan convenio de pago), generaron molestia en la UDI y tensiones internas en la coalición oficialista.
08También se registraron problemas administrativos que afectaron la admisibilidad de muchas enmiendas: error de forma y falta de firmas impidieron que paquetes de indicaciones presentados por bancadas como el PDG y la DC ingresaran en el comparado, y numerosas propuestas fueron declaradas inadmisibles por invadir atribuciones exclusivas del Presidente o por conllevar gasto fiscal.
09A nivel técnico y de sostenibilidad, organismos externos hicieron observaciones: el Fondo Monetario Internacional advirtió sobre el alto costo del subsidio al empleo propuesto y el Consejo Fiscal Autónomo entregó un informe crítico señalando que, en su forma actual, el proyecto resulta deficitario y sin medidas de financiamiento adicionales podría mantener cuentas en déficit hasta 2031 o más allá.
10Próximos pasos: la comisión de Hacienda apuntó a despachar la iniciativa esta semana para que pase a las comisiones de Medio Ambiente (citada en doble jornada) y Trabajo, con la meta de llevar el texto a Sala entre el 19 y 20 de mayo; sin embargo, fuentes parlamentarias admiten que, por la magnitud del trámite y las negociaciones en curso, el paso al Senado podría postergarse hasta junio.