La medida, basada en el artículo 9 de la Ley N°10.336, rige desde el 14 de mayo de 2026 hasta que se entreguen los antecedentes; se enmarca en una serie de fiscalizaciones del organismo sobre irregularidades en el empleo público.
01La Contraloría General de la República (CGR) resolvió el 14 de mayo de 2026 suspender de sus funciones al jefe jurídico del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Pablo Toribio, por la “reiterada falta de respuesta e incumplimiento” en informar el inicio de procedimientos sumariales relacionados con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°15, que detectó funcionarios que, estando con licencia médica, apostaron en casinos.
02El CIC N°15, difundido por la Contraloría en agosto de 2025, detectó que más de 13.000 funcionarios públicos acudieron a casinos durante periodos en que estaban con licencia médica (período 2023-2024), hallazgo que dio origen al requerimiento para que Senda iniciara los sumarios disciplinarios correspondientes.
03La resolución de la CGR se fundamenta en el artículo 9 de la Ley N°10.336, que faculta al contralor a requerir directamente datos e informaciones a autoridades y funcionarios y a aplicar medidas de apremio —incluida la suspensión sin goce de remuneraciones o multas de hasta quince días— si no se cumple. La suspensión de Toribio se mantendrá hasta que Senda entregue los antecedentes solicitados, ya sea a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) o por referencia formal, conforme a la normativa vigente.
04Contraloría subrayó la importancia de que las instituciones cumplan los mecanismos de reporte establecidos para asegurar transparencia, control y correcta tramitación de los procesos disciplinarios en la administración pública. El organismo destacó que esta es la primera vez en más de 10 años que aplica esta herramienta de apremio amparada en la Ley N°10.336.
05Este caso se inscribe en un contexto más amplio de fiscalización de la Contraloría en 2025-2026: en enero de 2026 la CGR informó que 35 personas inhabilitadas para trabajar con menores desempeñaron funciones públicas con contacto directo y habitual con niños, niñas o adolescentes en 36 servicios (principalmente municipios). Ese informe —parte de un conjunto de hallazgos sobre incumplimientos en la verificación de antecedentes laborales— llevó a la Contraloría a requerir el inicio de procedimientos disciplinarios y a solicitar a las instituciones que informen las acciones en un plazo máximo de cinco días hábiles, mostrando un patrón de mayor presión fiscalizadora sobre el cumplimiento de normas en el empleo público.