El fiscal judicial Jorge Pizarro detectó omisiones sostenidas en declaraciones patrimoniales y cauciones, con riesgo de vacancias automáticas.
Hace cinco días el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, envió un oficio a todos los notarios, conservadores y archiveros del país tras revisar cerca de 30 informes de fiscalizaciones en terreno y constatar incumplimientos sostenidos en dos materias clave: la obligación de efectuar y actualizar anualmente la Declaración de Intereses y Patrimonio y la rendición de cauciones o fianzas en tiempo y forma, faltas que en algunos casos se extenderían por más de treinta años.
La determinación de Pizarro provocó consultas y malestar entre titulares de los oficios: algunos notarios señalaron que la exigencia de cauciones depende de un reglamento que aún no ha dictado el Ejecutivo y que modalidades antiguas de fianza nominal ya no serían válidas, pero el fiscal judicial rechazó esas objeciones y advirtió que la reiteración y extensión territorial de las omisiones comprometen la probidad, la fe pública y la seguridad jurídica, citando el artículo 473 bis que establece la vacancia automática por no presentar caución.
Pizarro exigió que notarios, conservadores y archiveros acrediten en un plazo inicial de siete días (prorrogado por diez adicionales) el cumplimiento de ambas obligaciones y advirtió que la falta de acreditación dará lugar al inicio de procedimientos disciplinarios a través de las Fiscalías Judiciales de las Cortes de Apelaciones; el próximo hito será la recepción de esas acreditaciones y, si procede, la apertura de sumarios y eventuales declaratorias de vacancia.