Choque interno por reportes de migrantes en salud
Una indicación obliga a recintos a entregar datos personales; la ministra de Salud alerta por confidencialidad y el Gobierno defiende control.
- 01La indicación del Ejecutivo
- 02El reparo de Chomali
- 03La defensa de Kast
- 04Interior niega descoordinación
- 05Impactos y tensiones prácticas
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
El Gobierno ingresó una indicación al proyecto que perfecciona expulsiones administrativas para obligar a establecimientos de salud, educación y previsionales a entregar antecedentes de migrantes en situación irregular. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, presentaron la propuesta ante la Comisión de Gobierno del Senado y dijeron que la medida busca facilitar notificaciones en procedimientos migratorios. La ministra de Salud, May Chomali, expresó “bastante preocupación” por un posible choque con el Código Sanitario y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. El presidente José Antonio Kast respaldó el objetivo de ordenar prestaciones pero admitió que la indicación puede corregirse para proteger la atención urgente.
La disputa no es solo técnica: enfrenta la protección de la confidencialidad clínica con la estrategia de control migratorio del Ejecutivo. Si hospitales y consultorios debieran facilitar domicilios y teléfonos para procedimientos migratorios, según la indicación, expertos y autoridades sanitarias advierten que podría generarse temor y reducir el acceso a atención, con riesgos sanitarios comunitarios. Al mismo tiempo, Interior insiste en que la norma se aplicaría cuando exista un procedimiento en curso y que no pretende crear mecanismos de denuncia generalizados. La fricción expone también la capacidad de coordinación política dentro del gabinete.
La indicación del Ejecutivo
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, presentaron ante la Comisión de Gobierno del Senado una indicación que obliga a “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud, público o privado, o establecimiento de educación” a entregar a Migraciones y a la Contraloría los antecedentes que se requieran sobre extranjeros objeto de procedimientos en tramitación. El texto citado por diputados y senadores incluye datos como domicilio, teléfono y correo electrónico, y, según el senador Andrés Longton (RN), abarcaría a Fonasa, Isapres, AFP, colegios, jardines infantiles y recintos de salud. Los impulsores sostienen que la medida facilitaría la ejecución de sanciones o expulsiones administrativas cuando exista un proceso en curso.
El reparo de Chomali
La ministra de Salud, May Chomali, dijo en Radio 13c que la cartera mira la indicación “con bastante preocupación” porque la información se entrega en el contexto de una atención sanitaria y está resguardada por el Código Sanitario y la Ley de Deberes y Derechos del Paciente. Chomali advirtió que condicionar o estigmatizar el acceso a la salud puede poner en riesgo tanto al paciente como a terceros —citó un caso reciente en el norte con tuberculosis— y aseguró que Salud defenderá la confidencialidad clínica. La ministra añadió que la materia ha sido tratada en el comité de ministros y que se revisará para alinear políticas entre ministerios.
La defensa de Kast
El presidente José Antonio Kast sostuvo en un punto de prensa en Atacama que comparte la protección de la atención urgente pero defendió que “cuando las personas se presentan a un servicio de salud y no se identifican, necesitamos algún grado de alerta”, y afirmó que la indicación busca desincentivar el ingreso irregular y ordenar prestaciones. Kast añadió que si la redacción tiene problemas, se corregirá, y propuso alternativas como restablecer presencia policial en servicios de salud para comprobar identidades sin vulnerar la atención urgente. El Mandatario también anunció que en las próximas semanas el Ejecutivo presentará otras normas para ordenar la migración.
Interior niega descoordinación
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el subsecretario Máximo Pavez respondieron que no existe descoordinación: la indicación busca que, habiendo un procedimiento migratorio —para sancionar o expulsar—, Migraciones o la Policía de Investigaciones puedan obtener antecedentes para ejecutar esos actos, y no pretende imponer un deber general de denuncia desde los servicios. Alvarado añadió que la iniciativa debe adecuarse al nuevo marco jurídico de protección de datos y que la preocupación de Salud está incorporada, por lo que sería compatible con salvaguardas legales.
Impactos y tensiones prácticas
Voceros del Gobierno, como la ministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert, han defendido medidas que fortalezcan el control migratorio, pero funcionarios sanitarios y representantes del derecho a la privacidad advierten por efectos disuasivos. Organizaciones técnicas y autoridades de salud plantean que el temor a ser reportado puede reducir consultas, vacunar menos niños y agravar riesgos colectivos; en paralelo, la discusión ha vuelto a mostrar tensiones internas en La Moneda sobre prioridades y coordinación entre ministerios.
La indicación se integró al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas y fue expuesta en la Comisión de Gobierno del Senado, en una etapa previa a su tramitación legislativa completa. Desde el Ministerio de Salud recuerdan que, históricamente, ciertos pedidos de información judicial o de la fiscalía han sido atendidos por recintos sanitarios; Chomali apeló al Código Sanitario y a la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, mientras que Interior invoca la Ley de Protección de Datos para adecuar facultades de Migraciones. Máximo Pavez y Frank Sauerbaum han liderado la redacción técnica, y Claudio Alvarado asumió la gestión política para bajar tensiones en el gabinete.
La disputa central es si la indicación obliga a un reporte general desde salud y educación o si se restringe a casos con un procedimiento migratorio en curso; Interior sostiene lo segundo, Salud teme la primera por conflicto con la confidencialidad clínica.
La indicación seguirá siendo analizada en la Comisión de Gobierno del Senado y en las instancias técnicas entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior que Chomali y Pavez ya iniciaron; el Presidente anunció que en “próximas semanas” el Ejecutivo presentará nuevas normas migratorias complementarias. Observadores deberán atender sesiones en el Senado, las reuniones técnicas entre Salud e Interior y eventuales ajustes de redacción para incorporar salvaguardas sobre confidencialidad clínica.