Suma a la operación Lanza del Sur, cuestionada por ONG y un relator de la ONU; cifras y legalidad siguen en debate.
El Ejército de Estados Unidos mató a dos hombres en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, informó el Comando Sur el 27 de mayo. Fue el segundo bombardeo en menos de una semana en el marco de la operación denominada “Lanza del Sur”, activada en septiembre de 2025. El mando militar difundió un video y afirmó que la lancha transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y estaba operada por “organizaciones terroristas designadas”. Washington aseguró que ninguno de sus efectivos resultó herido durante la acción.
La acción amplifica las críticas regionales y internacionales contra una campaña que, según distintos recuentos periodísticos, acumula entre decenas y más de dos centenares de muertos en operaciones marítimas. Organismos de derechos humanos y un relator de Naciones Unidas han denunciado posibles ejecuciones extrajudiciales y falta de transparencia en los criterios de identificación de blancos. La ofensiva, que EE. UU. presenta como parte de la lucha contra el narcotráfico transnacional, ha tensado relaciones diplomáticas y reabierto preguntas sobre la legalidad de ataques en aguas internacionales.
El Comando Sur (SOUTHCOM) justificó la operación como una acción dirigida contra una embarcación implicada en tráfico ilícito y difundió material audiovisual del ataque. El mando afirmó que la lancha “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico” y la calificó como operada por organizaciones que Washington ha designado como terroristas. SOUTHCOM precisó además que la acción se ejecutó bajo la dirección de su comandante y que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.
“Bajo las órdenes del comandante del Southcom, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”— Comando Sur (SOUTHCOM)
Los recuentos periodísticos sobre el saldo de Lanza del Sur difieren: algunos listados hablan de al menos 190 víctimas, otros de 193, 195 o más de 200 desde su inicio en septiembre de 2025. Los ataques se han reportado en el Caribe y en zonas del Pacífico cerca de Colombia y Venezuela, y en varios casos los reportes describen operativos sin sobrevivientes. Esa variabilidad en las cifras complica la evaluación independiente del impacto humano de la campaña.
Organizaciones de derechos humanos y el relator especial de la ONU han cuestionado la legalidad de la ofensiva y la ausencia de pruebas públicas sobre las vinculaciones criminales de las embarcaciones atacadas. Ben Saul, relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, calificó la estrategia de Washington con dureza y puso en duda su conformidad con el derecho internacional. Esas críticas han sido señaladas repetidamente por gobiernos y ONG en la región.
“nueva guerra ficticia contra el narcoterrorismo”— Ben Saul
En lo operativo, los comunicados militares indican que las maniobras ocurrieron en aguas internacionales y que, tras el ataque, el Comando Sur notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar búsquedas y rescates. Las versiones oficiales subrayan el empleo de inteligencia para identificar rutas de narcotráfico, mientras que los críticos piden acceso a esos elementos para verificar blancos y procedimientos. El general Francis L. Donovan aparece como la máxima autoridad del SOUTHCOM responsable de ordenar las acciones.
Las fuentes periodísticas no coinciden en el saldo total de víctimas de Lanza del Sur (cifras que oscilan entre 190 y más de 200) ni en la transparencia de las pruebas que EEUU afirma tener sobre los objetivos. Además existe una división entre la versión oficial —que califica a las embarcaciones como vinculadas a organizaciones terroristas y narcotráfico— y las denuncias de ONG y la ONU que hablan de posibles ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza.
El próximo hito será si Washington publica la inteligencia que sustenta los ataques o si organismos internacionales, incluida la ONU, anuncian investigaciones formales. También estará en observación la continuidad de operativos en el Caribe y el Pacífico y la reacción diplomática de países de la región ante nuevas acciones.