Condena en La Rioja y auditoría en Chile exponen brechas en la protección de menores

01Dos informaciones recientes, una desde España y otra desde Chile, ponen de relieve problemas complementarios en la protección de menores: por un lado, la condena penal de un agresor en La Rioja; por otro, el hallazgo de que personas inhabilitadas para trabajar con menores ejercieron funciones públicas con contacto directo con niños en distintas instituciones chilenas.

02El caso judicial en España: la Audiencia Provincial de La Rioja condenó el 15 de mayo de 2026 a un hombre de 56 años, de nacionalidad colombiana, a 4 años y 6 meses de prisión por agredir sexualmente a su sobrino de 12 años en Logroño en diciembre de 2021. El acusado reconoció los hechos y mostró conformidad con la pena solicitada por la Fiscalía.

03Además de la pena de prisión, la sentencia impone medidas complementarias: 20 años de prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 200 metros del menor, cinco años de libertad vigilada con obligación de participar en un programa de educación sexual, diez años de inhabilitación para desempeñar oficios o profesiones vinculadas con menores y el pago de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil, según informó el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

04El informe de la Contraloría en Chile (publicado el 6 de enero de 2026) detectó que 35 personas con prohibición absoluta para trabajar con menores desempeñaron funciones en 36 servicios —fundamentalmente en municipios— y mantuvieron contacto directo y habitual con niños, niñas o adolescentes. Entre 2020 y agosto de 2025, el ente registró 164 casos de personas inhabilitadas que ejercieron cargos con contacto directo y habitual con menores y contabilizó que 72 instituciones del Estado contrataron a personas inhabilitadas.

05La Contraloría recordó que la normativa obliga a verificar inhabilitaciones mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación y exigió a las instituciones involucradas cumplir la normativa, abrir los procedimientos disciplinarios pertinentes y reportar las acciones en un plazo máximo de cinco días hábiles.

06Conexión y lecciones: mientras la sentencia en La Rioja ejemplifica la respuesta penal y las medidas individuales de protección y reparación (prohibiciones de contacto, programas de educación y responsabilidad civil), el informe chileno evidencia fallos sistémicos en la aplicación preventiva de inhabilitaciones por delitos contra menores. Ambas noticias subrayan la necesidad de procedimientos de selección y verificación diligentes, control institucional efectivo y programas de prevención y supervisión continuos para reducir riesgos sobre la infancia.

07Implicaciones prácticas: ambos casos apuntan a medidas concretas a reforzar —verificación obligatoria y periódica de antecedentes e inhabilitaciones por parte de empleadores públicos y privados, formación obligatoria sobre protección infantil, seguimiento de sanciones e integración de programas de reparación para las víctimas— con miras a mejorar la detección temprana y evitar que personas prohibidas tengan acceso o contacto con menores.