El Gobierno usó indicaciones sustitutivas y coordinación ministerial para neutralizar la avalancha opositora; la Comisión de Hacienda despachó la mayoría del proyecto tras sesiones que se extendieron hasta la madrugada y la negociación con la DC y el PDG continúa.
01La tramitación del megaproyecto de Reconstrucción quedó marcada por un «tsunami» de indicaciones: entre 1.300 y más de 1.600 propuestas presentadas por distintos parlamentarios, una cifra inédita que obligó a jornadas maratónicas en la Comisión de Hacienda y tensionó los plazos fijados por el Ejecutivo.
02Frente a esa ofensiva, el Gobierno diseñó una contraestrategia técnica y política: la presentación de indicaciones sustitutivas —artículo por artículo en varios casos— que, al aprobarse, dejan sin efecto las enmiendas presentadas sobre esos mismos puntos. La fórmula fue afinada por equipos de Hacienda, Segpres e Interior durante el fin de semana previa a la discusión y contó con asesores técnicos que trabajaron en la redacción y el orden de votación.
03La coordinación incluyó al presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Agustín Romero (Republicanos), quien aplicó el reglamento que obliga a cerrar el debate a medianoche para pasar a la votación sin discusión de lo pendiente. Esa decisión aceleró el cronograma y contribuyó a acotar el espacio de debate sobre miles de indicaciones.
04Tras una noche de votaciones que se extendió hasta alrededor de las 05:00 horas, la Comisión de Hacienda aprobó la mayoría de los artículos del proyecto. Entre los acuerdos más relevantes figura una rebaja gradual del impuesto de primera categoría (desde 27% hacia 23% en tres años), la reintegración progresiva del sistema tributario y la aprobación de un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes proyectos. No obstante, fracasó la eliminación de la franquicia Sence tras votos en contra de diputados de RN, lo que mostró divisiones en el oficialismo en puntos específicos.
05La ofensiva oficialista no se limitó a tácticas parlamentarias: el ministro de Hacienda, Rodrigo Quiroz, y otros secretarios reforzaron el lobby político para asegurar apoyos fuera del bloque duro de derecha. El Gobierno mantuvo conversaciones con la Democracia Cristiana buscando una mayoría más amplia, al mismo tiempo que contaba con el respaldo del PDG para avanzar en la Cámara.
06La maniobra del Ejecutivo suscitó fuertes críticas de la oposición: el jefe de bancada del PS, diputado Raúl Leiva, acusó al Gobierno de «evadir la discusión» y habló de un posible «fraude constitucional» al usar indicaciones sustitutivas que, a su juicio, impiden un debate sustantivo. Desde la vereda oficialista, en tanto, se defendió la medida como un instrumento legítimo para evitar la obstrucción y garantizar el despacho dentro de los plazos de urgencia.
07En la Democracia Cristiana existen avances puntuales —se mencionan cercanías en materia de invariabilidad tributaria y del Fondo Común Municipal— pero la principal discrepancia sigue siendo la magnitud de la rebaja del impuesto de primera categoría (DC propone una rebaja más moderada, por ejemplo a 25% en tres años, sujeta a condiciones). La negociación política seguirá abierta mientras el proyecto avance a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente y, luego, a la sala de la Cámara.
08En paralelo a la tramitación del Plan de Reconstrucción, el Gobierno impulsó otra indicación —esta vez ante la comisión de Gobierno del Senado— que busca obligar a instituciones de salud, previsionales y educativas a reportar a migrantes irregulares a la autoridad migratoria. El Presidente Kast defendió la iniciativa argumentando que "tenemos que saber quiénes son" quienes utilizan prestaciones públicas y que es una medida para "ordenar" la entrega de servicios.