La subsecretaría del Interior promete intensificar expulsiones y buscar nuevas herramientas legales y diplomáticas para acelerar las salidas.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que el gobierno mantiene la promesa de campaña de expulsar a 330.000 migrantes irregulares y anunció que intensificará el ritmo de deportaciones. Pavez dijo que desde el 11 de marzo se han expulsado del orden de 480 personas, que se han realizado tres vuelos de expulsión y que se ha trabajado con la Policía de Investigaciones para aumentar fiscalizaciones, multas y salidas voluntarias con el fin de disuadir ingresos por pasos no habilitados.
La viabilidad de la meta es el nudo central: Pavez reconoció que con las herramientas actuales el ritmo no alcanza —recordó que el gobierno anterior expulsó alrededor de 4.500 personas en cuatro años, o cerca de 1.100 por año— y admitió que a ese paso la cifra demandaría «cien años». El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió que «nadie está obligado a lo imposible», mientras que el Presidente José Antonio Kast había relativizado antes la promesa al calificarla como metáfora u «hipérbole».
Pavez planteó que la clave será disponer de «más herramientas» mediante proyectos de ley en el Congreso y la eventual normalización de relaciones con Venezuela, y que esas medidas permitirán acelerar los procesos de expulsión. El próximo hito observable será la tramitación parlamentaria de las iniciativas anunciadas y cualquier avance diplomático que el Ejecutivo concrete, factores que el gobierno presenta como determinantes para cumplir su objetivo sin fijar plazos concretos.