Entre mayo y principios de año se registran aprobaciones y llamados a licitación por miles de millones de dólares, junto a consultas de pertinencia y demoras por trámites ambientales y reclamos judiciales.
01Panorama general: en las últimas semanas y meses se intensificó la actividad en torno a grandes iniciativas de inversión pública y privada en Chile: hay proyectos aprobados por comisiones ambientales, consultas de pertinencia ingresadas al SEA para determinar si deben ir al SEIA, llamados a licitación de obras de alta envergadura y casos con reclamos o suspensiones administrativas. Estas iniciativas se ubican en distintas regiones —de la Metropolitana al Biobío, Valparaíso, Antofagasta, Los Lagos y Los Ríos— y suman miles de empleos potenciales y decenas de miles de viviendas y metros cuadrados logísticos o comerciales en juego.
02Llamado a licitación para nueva cárcel en Calama (más reciente): el Ministerio de Obras Públicas publicó el 14 de mayo el llamado a licitación internacional para la concesión del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Calama, con un presupuesto oficial estimado en UF 8.690.107 (equivalente aproximadamente a US$394 millones). El proyecto considera la construcción, conservación y operación de un recinto de ~71.858 m² para 1.850 personas privadas de libertad, con un modelo de concesión que integra construcción, tecnología de vigilancia y servicios de reinserción. Las ofertas se recibirán en acto público el 24 de noviembre de 2026 y la apertura económica está fijada para el 22 de diciembre de 2026.
03Aprobación ambiental: extensión del Metrotren entre Quillota y La Calera por ~US$811 millones: la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso aprobó por unanimidad el proyecto liderado por EFE Trenes de Chile que extenderá el Metro de Valparaíso 26 km y añadirá cinco estaciones (tres en Quillota: San Pedro, Quillota Sur y Quillota Centro; una en La Cruz; y una en La Calera llamada Guerra). EFE estima un tiempo de recorrido aproximado de 28 minutos, la creación de más de 800 empleos en la construcción y 2.400 empleos indirectos, y una conclusión de obras para diciembre de 2028 con operación desde enero de 2029. El proyecto incluye subestaciones eléctricas y un túnel nuevo de 715 metros entre Limache y San Pedro.
04Proyectos culturales y de entretenimiento: Music Hall Ñuñoa (Live Nation) ingresa consulta al SEA: DG Medios, filial de Live Nation Entertainment, presentó una Consulta de Pertinencia para construir y operar un centro de eventos tipo teatro sobre la estación Ñuñoa (intersección Av. Irarrázaval con Pedro de Valdivia) con una inversión estimada en US$35 millones. El proyecto considera una sala para hasta 4.700 personas, áreas de backstage, oficinas, 91 estacionamientos, cuatro niveles sobre y tres subterráneos, y busca que la autoridad determine si debe ingresar al SEIA. La obra contempla 12 meses de construcción y dotaciones de hasta 200 trabajadores en obra y 300 en operación.
05Comercio y retail: PriceSmart consulta pertinencia para su primer supermercado en Chicureo (US$9,8 millones): la cadena estadounidense PriceSmart ingresó al SEA una Consulta de Pertinencia para levantar un local de 9.437 m² en un terreno de 3,3 ha dentro de un proyecto comercial ya aprobado (Ampliación Centro Comercial Puertas de Chicureo con RCA de febrero de 2026). La firma plantea una inversión de US$9,8 millones, estructura de dos pisos con 5.517 m² de sala de ventas, servicios complementarios (neumáticos, farmacia, óptica, restaurante) y áreas administrativas en el segundo piso. Argumenta que la modificación es un ajuste arquitectónico sin aumento de impactos ambientales, por lo que no requeriría una nueva evaluación ambiental.
06Logística y bodegaje: proyectos privados en regiones requieren evaluación de pertinencia o DIA: Flexpark presentó una consulta de pertinencia para un centro de bodegaje en Puerto Montt con inversión cercana a US$33 millones que considera tres naves (‘Norte, Sur y Logística’), 314 estacionamientos de autos y 10 para camiones, y 26 meses de construcción. La empresa estima que no requiere someterse obligatoriamente al SEIA. En paralelo, Empresas Madesal ingresó una Declaración de Impacto Ambiental para expandir su Parque Logístico y Empresarial del Biobío (PLEBB): urbanización de 77,39 ha con más de 468.000 m² arrendables, inversión superior a US$120 millones y urbanización de 21 lotes; la ejecución se proyecta en hasta 15 años con inicio estimado en enero de 2027.
07Proyectos con controversia y demoras administrativas: Maratué y Terminal GNL Penco–Lirquén y suspensión de votación del Comité de Ministros: el Comité de Ministros suspendió reiteradamente sesiones (incluida la del 7 de enero) que debían revisar reclamaciones vinculadas al desarrollo habitacional Maratué en Puchuncaví (inversión estimada en US$2.000 millones, hasta 14.180 viviendas en 45 años) y al proyecto Terminal GNL Penco–Lirquén (US$165 millones). Las suspensiones se han debido a motivos de agenda del Ministerio del Medio Ambiente y complican la decisión sobre invalidaciones y reclamos que buscan impugnar resoluciones ambientales previas.
08Caso Brisas de Torobayo y gestiones de lobby: proyecto inmobiliario ligado a familia del senador Rodrigo Galilea enfrenta rechazo y recursos: Brisas de Torobayo (Inversiones Don Víctor SpA), que proponía 411 viviendas en Los Ríos (US$48 millones), fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental en julio de 2025. La empresa presentó reclamos y adendas, pero la DIA recibió un informe desfavorable; ejecutivos y abogados de la inmobiliaria sostuvieron en diciembre de 2025 una audiencia de Ley de Lobby con la directora del SEA para abordar el recurso de reclamación, y a la fecha se espera la resolución del SEA. El caso ilustra tensiones entre actores privados, tramitación ambiental y medidas judiciales que han obligado a retrocesos en procesos administrativos.
09Tendencias y riesgos: los proyectos resaltan una dualidad clara —por un lado generan expectativa de empleo, inversión regional y mejoras en conectividad y servicios culturales; por otro, están sometidos a un intenso escrutinio ambiental, consultas de pertinencia, reclamos administrativos y tiempos judiciales que pueden demorar decisiones clave. El avance efectivo dependerá de la resolución del SEA y del Comité de Ministros, del cumplimiento de condicionantes ambientales y urbanísticas, y de la capacidad de los titulares para incorporar las mitigaciones exigidas por los órganos fiscalizadores.