El gobierno de Péter Magyar frena la salida de la CPI, abre pesquisas contra el legado de Orbán y logra 16.400 millones de la UE.
El nuevo Gobierno húngaro del primer ministro Péter Magyar frenó la retirada de Hungría de la Corte Penal Internacional, anunció investigaciones parlamentarias sobre presunta corrupción del mandato de Viktor Orbán y logró el desbloqueo de 16.400 millones de euros de la Unión Europea. Las medidas se adoptaron entre el 14 de mayo y el 29 de mayo, cuando el Parlamento aprobó la ley, Bruselas confirmó el acuerdo y el Ejecutivo tomó los primeros pasos para auditar el gasto público. El paquete de la UE incluye 10.000 millones del fondo NextGeneration, aunque su desembolso quedará sujeto a reformas.
El giro de poder rompe 16 años de políticas de Viktor Orbán: además de revertir la salida de la CPI, el Ejecutivo de Tisza promete auditar los contratos estatales, restaurar la independencia judicial y condicionar la recepción de fondos comunitarios a reformas. El acuerdo con Bruselas reactiva partidas bloqueadas por preocupaciones sobre el Estado de derecho y exige a Budapest presentar un plan revisado y cumplir compromisos antes de agosto. Al mismo tiempo, el primer ministro ha comenzado a presionar para remover altas autoridades nombradas por el anterior Gobierno, incluida la batalla política con el presidente Tamás Sulyok.
El Parlamento de Budapest aprobó por procedimiento de urgencia una ley que detiene la marcha de la retirada iniciada por el Ejecutivo de Orbán de la Corte Penal Internacional, cumpliendo así la resolución publicada por el Gobierno de Magyar antes de que expirara el plazo legal. La votación consolidó el compromiso del nuevo equipo ejecutivo para mantener a Hungría dentro del tribunal internacional, tras la polémica detención internacional sobre líderes extranjeros. La medida evita que la salida se formalizara el 2 de junio y marca un primer gesto de alineamiento con las instituciones europeas.
Bruselas anunció el desbloqueo de 16.400 millones de euros para Hungría tras semanas de negociación, una suma que incluye 10.000 millones del fondo de recuperación NextGeneration y partidas de cohesión y educación. La Comisión ató ese avance a la adopción de reformas y a la presentación de un plan de recuperación revisado que Budapest debe enviar en los próximos días; la aprobación formal de ese documento se prevé en julio. La Comisión confirmó que los desembolsos dependerán del cumplimiento de hitos e inversiones comprometidos por el Gobierno húngaro.
“«Nuestros equipos han trabajado duro día y noche juntos para encontrar puntos en común (…). Nos pusimos de acuerdo en proyectos muy concretos que apoyarán sectores clave como la energía, vivienda, transporte o pequeñas empresas»”— Ursula von der Leyen
Con mayoría parlamentaria, Tisza anunció la creación de comisiones investigadoras para sacar a la luz supuestos casos de malversación y privilegios del círculo de Orbán, incluido el manejo de fondos del Banco Nacional que ya investiga la policía. El primer ministro prometió mostrar "toda la corrupción y los abusos de poder" y condicionó la devolución de privilegios políticos a una reforma constitucional que limite mandatos y reduzca sueldos de altos cargos. Entre las prioridades figura la disolución de la Oficina de Protección de la Soberanía creada por el gobierno anterior.
““We will put all corruption and abuses of power on full display,””— Péter Magyar
El pulso político se trasladó al palacio presidencial: Magyar dio un ultimátum a Tamás Sulyok para que dimitiera y, ante la negativa del jefe de Estado, anunció que impulsará una reforma constitucional para permitir su destitución en el Parlamento. Sulyok respondió que las exigencias son motivadas políticamente y que no existe base legal para renunciar, solicitando además un dictamen de la Comisión de Venecia sobre la situación. La confrontación abre un expediente institucional cuyo desenlace dependerá del calendario legislativo del Gobierno mayoritario.
““las llamadas a la destitución del jefe de Estado que se basan en motivos políticos y, como tales, no pueden interpretarse conforme a la Ley Fundamental, crean una situación que es seriamente contradictoria dentro del orden constitucional actual, lo cual es perjudicial para el funcionamiento constitucional y la autoridad del cargo de Presidente de la República””— Tamás Sulyok
En paralelo a las iniciativas institucionales, el Ejecutivo difundió videos que muestran el lujo en la residencia y ministerios asociados al mandato de Orbán, un gesto que ha alimentado la indignación pública y la narrativa de restitución de la dignidad nacional. Magyar presentó las imágenes como parte de la "puesta al descubierto" del aparato del antiguo poder y habló de un "Ceausescu-Feeling" al describir la ostentación hallada. Esa exposición simbólica acompaña las reformas legales y las auditorías que el nuevo Gobierno promete ejecutar.
“"Ceausescu-Feeling"”— Péter Magyar
El conflicto más visible es político y jurídico: Magyar exige la dimisión de Sulyok y prepara una reforma constitucional para destituirlo; Sulyok alega que no existe base legal y pide asesoría a la Comisión de Venecia. También hay distinción entre el anuncio del desbloqueo de fondos y su entrega: Bruselas exige reformas y hitos antes de desembolsar la mayor parte del paquete.
Los próximos hitos son inmediatos: el Gobierno debe presentar la reforma constitucional y las comisiones investigadoras en el Parlamento, mientras que Budapest tiene semanas para enviar el plan de recuperación revisado requerido por la UE. La ejecución de ambas agendas —la política interna sobre altos cargos y el cumplimiento de reformas económicas— determinará si Hungría recibe los desembolsos completos antes del 31 de agosto.