Proyectos elevan agravantes y buscan mayor cumplimiento de penas; el debate abre tensiones entre castigo y prevención.
El Congreso avanzó en días recientes en dos iniciativas que endurecen la respuesta penal: la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el 13 de mayo, con 81 votos a favor, 49 en contra y 12 abstenciones, un proyecto que incorpora nuevas agravantes en delitos cometidos contra la comunidad educativa y dentro de establecimientos escolares; y la Comisión de Constitución del Senado despachó a Sala el 27 de mayo la idea de legislar una reforma de responsabilidad penal adolescente destinada a fortalecer el cumplimiento efectivo de penas en casos de delitos de especial gravedad y reincidencia.
El impulso legislativo encontró apoyos y reparos: la diputada Paz Charpentier celebró que las agravantes busquen dar mayor protección a la comunidad educativa, mientras que la diputada Carolina Cucumides cuestionó fallas técnicas y advirtió que más penas no sustituyen políticas de intervención temprana. En el Senado, la senadora Claudia Pascual votó en contra del avance del proyecto adolescente por estimar que no resuelve el fondo, frente a los votos favorables de Pedro Araya, Arturo Squella y Andrés Longton; el texto enumera delitos de especial gravedad —homicidio, secuestro, tortura y otros— como objetivos de la norma y la tramitación considerará sugerencias de las audiencias.
Ambas iniciativas seguirán su camino en el Senado: el paquete de agravantes fue remitido al Senado para su segundo trámite y el proyecto sobre responsabilidad penal adolescente pasará a discusión en Sala, donde se espera que se incorporen indicaciones y que partidos y ministerios vuelvan a plantear si la solución debe ser más punitiva, más preventiva o ambas. El próximo hito será la calendarización de los debates en comisiones y la presentación de indicaciones que definirán alcance y aplicabilidad de las nuevas normas.