La decisión, que acusa a la Justicia de EE.UU. de represalia, complica la estrategia migratoria del gobierno de Trump hoy.
Un juez federal en Tennessee desestimó los cargos penales por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego García, señalando que el Departamento de Justicia reabrió una investigación para castigarle tras ganar una demanda contra su deportación. La resolución del magistrado Waverly Crenshaw se conoció esta semana y anula la causa basada en una detención en 2022 tras un control de tránsito en Tennessee. Abrego García había sido expulsado por error a El Salvador en marzo de 2025 y luego regresado por orden judicial; fue detenido a su retorno y procesado. La decisión marca un golpe judicial a la gestión punitiva del gobierno sobre migración y promete recursos legales.
El fallo no solo deja libres los cargos por presunto transporte de migrantes que databan de un control de 2022, sino que tipifica la actuación del Ejecutivo como “viciada” por motivaciones de represalia. Crenshaw aplicó la doctrina de “presunción de vindictividad” al considerar el momento de la reapertura del caso y declaraciones públicas de altos funcionarios. La decisión llega cuando existen además órdenes judiciales pendientes sobre los intentos de ICE de enviar a Abrego García a terceros países africanos.
El magistrado Waverly Crenshaw concluyó que la acción penal estuvo “viciada” y que, de no haber sido por la demanda que Abrego ganó contra su expulsión, el Gobierno no habría reabierto la investigación. Crenshaw sostuvo que la reapertura ocurrió después de que la Corte Suprema obligó a facilitar su regreso desde El Salvador y calificó la conducta como un “abuso de poder de enjuiciamiento”. No llegó a afirmar “vindictividad real”, pero sí aplicó la presunción legal que llevó a la desestimación.
““The evidence before this court sadly reflects an abuse of prosecuting power,””— Waverly Crenshaw
Los abogados defensores sostuvieron desde el inicio que la imputación fue una represalia por la atención pública y las afirmaciones de la Casa Blanca tras su deportación errónea. Sean Hecker, uno de sus letrados, afirmó que Abrego García “es una víctima de una Casa Blanca politizada y vengativa y sus abogados en lo que solía ser un Departamento de Justicia independiente”. La defensa celebró la libertad inmediata del imputado tras la desestimación.
““is a victim of a politicized, vindictive White House and its lawyers at what used to be an independent Justice Department.””— Sean Hecker
El fallo hace hincapié en comentarios públicos y la supervisión sostenida de la causa por parte de autoridades del Departamento de Justicia, entre ellas declaraciones del entonces fiscal interino Todd Blanche que, según el juez, confirmaron que la investigación se reabrió por la presión judicial. La acusación penal se basaba en una parada de tránsito de 2022 en Tennessee donde viajaban nueve pasajeros; los fiscales alegaron más de cien viajes vinculados al supuesto transporte.
Abrego García, salvadoreño con esposa y hijo estadounidenses, fue deportado en marzo de 2025 y recluido en un penal de alta seguridad en El Salvador antes de que la justicia estadounidense obligara su retorno. En 2019 un juez de inmigración había prohibido su expulsión a El Salvador por riesgo de persecución por pandillas; tras su regreso enfrentó además procedimientos civiles en Maryland contra intentos de ICE de enviarlo a países africanos.
““Justice is a big word and an even bigger promise to fulfill; and I am grateful that today, justice has taken a step forward,””— Kilmar Abrego Garcia
El Departamento de Justicia rechazó el fallo y anunció que apelará, calificando la orden judicial de “equivocada y peligrosa”, en abierta tensión con la evaluación de Crenshaw sobre la investigación. Además, la Administración Trump y algunos funcionarios públicos han afirmado sin pruebas la vinculación de Abrego con la pandilla MS-13, versión que el juez no consideró probatoria en relación con la reapertura del caso.
El próximo hito será la apelación que presente el Departamento de Justicia y la resolución de los tribunales federales de Maryland sobre las órdenes de ICE que intentan enviar a Abrego García a terceros países. Ambos pasos definirán si el caso vuelve a manos penales o si prosperan las protecciones migratorias que le permitieron regresar.