El exministro advierte que transformar una “inconsistencia” en fraude dañaría la credibilidad fiscal de Chile.
Ignacio Briones rechazó con dureza la intención de llevar a acusación constitucional a Nicolás Grau por las inconsistencias detectadas en el Informe de Finanzas Públicas y pidió mantener el debate en clave técnica. En entrevistas con T13 Radio, el exministro calificó de exagerado convertir una “inconsistencia” en imputaciones de fraude o dolo. Su pronunciamiento surge después de que el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, alertara sobre errores en las proyecciones de deuda pública heredadas del gobierno anterior. La polémica escaló cuando parlamentarios del Partido Republicano y del PNL anunciaron que impulsarán un libelo contra Grau.
La discusión trasciende una discrepancia técnica: ofrece una primera prueba de fuego para la credibilidad fiscal ante mercados y calificadoras. Briones advierte que plantear dolo sin una revisión imparcial podría dañar la imagen del país y politizar la gestión fiscal. El Gobierno ya pidió al Consejo Fiscal Autónomo que examine las diferencias en la trayectoria de la deuda, mientras que la oposición avanza hacia una acción política inédita contra un exministro. La decisión que tome el Congreso condicionará la lectura externa sobre la transparencia de las cuentas públicas.
Ignacio Briones calificó de “lamentable” y preocupante que la discusión técnica se transforme en una pulseada política y pidió prudencia antes de avanzar a sanciones constitucionales. El exministro insistió en que el Informe de Finanzas Públicas usa el término “inconsistencia” y que pasar a imputaciones de fraude o dolo sería excesivo. Señaló además que esos cargos pueden afectar cómo ven desde fuera las calificadoras de riesgo y los inversionistas institucionales. Por eso respaldó que un tercero imparcial revise las cifras.
““Plantear fraude o dolo es saltarse varios pueblos””— Ignacio Briones
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó en la presentación del Informe de Finanzas Públicas que existen errores en la actualización de la trayectoria de la deuda heredada del gobierno anterior y que, por lo tanto, la deuda proyectada hacia 2030 podría quedar mayor a lo estimado. Sus observaciones pusieron el foco en cómo se calcularon los flujos y en la necesidad de trazar con mayor detalle ciertos movimientos "bajo la línea" que afectan la necesidad de financiamiento. El Ejecutivo pidió aclaraciones técnicas y remitió el caso a instancias de revisión.
Parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Liberal anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra Nicolás Grau por las supuestas inconsistencias en los cálculos, elevando la disputa técnica a la arena política. El movimiento legislativo obligó a ministros y exministros a posicionarse y puso en tensión la relación entre control político y la fiscalización técnica de las cuentas públicas. La medida busca atribuir responsabilidades políticas por la gestión pasada, aunque hasta ahora no existen hallazgos oficiales que hablen de fraude.
Ante la controversia, el Gobierno solicitó al Consejo Fiscal Autónomo revisar las diferencias metodológicas y las trazabilidades que explican la evolución de la deuda, una salida que Briones defendió como la vía adecuada para dirimir técnicamente la disputa. Expertos mencionados en la cobertura han subrayado que la relación entre déficit y deuda no es mecánica y que hay ajustes de caja y activos que complican la lectura. El llamado es a despejar dudas con auditorías y análisis independientes antes de aplicar sanciones políticas.
La disputa central entre las partes es sobre la gravedad de las inconsistencias: el Gobierno y parte de la oposición sostienen que hay un error relevante en la actualización de la trayectoria de la deuda, mientras que Briones y otros actores piden distinguir entre una “inconsistencia” técnica y un eventual fraude o dolo. Además hay desacuerdo sobre la vía para resolverlo: algunos buscan una acusación política inmediata; otros, una revisión técnica previa por parte de un tercero imparcial.
El próximo hito será el informe del Consejo Fiscal Autónomo y la decisión del Congreso sobre la acusación constitucional. Ese documento técnico y el calendario legislativo marcarán si la controversia queda circunscrita a una aclaración técnica o se transforma en un juicio político de mayor alcance.