Movilizaciones afines a Evo Morales y sindicatos mantienen vías cortadas; crece la tensión política y la respuesta estatal.
Las protestas contra el presidente Rodrigo Paz cumplieron cuatro semanas con marchas desde El Alto hacia la plaza Murillo en La Paz, intentos de ingreso y respuesta de la Policía con gases lacrimógenos. Los bloqueos de carreteras, iniciados el 6 de mayo, ya afectan a La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, causando escasez de combustibles y desabastecimiento. En varios puntos se registraron saqueos, destrozos a estaciones del teleférico y la quema de un vehículo policial. El Ejecutivo desplegó «puentes aéreos» para llevar alimentos y anunció recortes salariales para el gabinete.
La confluencia de marchas afines al expresidente Evo Morales, la Central Obrera Boliviana y federaciones campesinas convirtió las protestas en un conflicto nacional que exige la renuncia de Paz y demanda cambios políticos inmediatos. La violencia en La Paz y los cortes de ruta han paralizado servicios esenciales y provocado reacciones de comités cívicos en otras regiones, que piden medidas firmes del Gobierno. La disputa amenaza la estabilidad económica y pone a prueba la capacidad de la Asamblea Legislativa para decidir medidas como declarar un estado de excepción.
La Policía antidisturbios reforzó la vigilancia en la plaza Murillo y sus alrededores ante la llegada de múltiples columnas de manifestantes desde El Alto y otros puntos de la ciudad. Agentes usaron gases lacrimógenos para dispersar a quienes intentaron forzar el ingreso a la plaza, mientras que controles en accesos clave buscan contener el avance sobre sedes del Ejecutivo y el Legislativo. Las operaciones policiales han coincidido con llamados del Gobierno a mantener el orden y con denuncias de represión por parte de los movilizados.
Sectores afines a Evo Morales que caminaron una semana por el altiplano llegaron a La Paz y amenazaron con forzar la salida de Paz si no convoca elecciones en 90 días. El dirigente campesino Nelson Virreira dijo en un mitin que conceden una «salida pacífica» al presidente, pero advirtió que, de no aceptar, habrá «convulsión social». Ese componente movilizador se sumó a las exigencias salariales y demandas históricas de federaciones campesinas y la COB.
“Que renuncie o si no que convoque a elecciones en 90 días.”— Nelson Virreira
Las manifestaciones derivaron en actos de vandalismo y saqueos: el Tribunal Departamental de Justicia sufrió destrozos, varias estaciones del teleférico fueron dañadas y un vehículo policial fue incendiado. La empresa estatal Mi Teleférico suspendió temporalmente servicios en varias líneas por los daños ocasionados en estaciones ubicadas en el centro histórico. Organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos han condenado agresiones a reporteros y el impacto sobre ciudadanos ajenos a las protestas.
En el oriente del país, autoridades cívicas y regionales convocaron movilizaciones en al menos cinco ciudades para exigir el fin de los bloqueos y defender el «libre tránsito». El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, pidió a la población prepararse y calificó la ofensiva opositora como un intento de derribar al Gobierno. Los comités cívicos amenazaron con una marcha nacional en defensa de la democracia si el Ejecutivo no actúa para desbloquear rutas.
“está en marcha un 'golpe de Estado'”— Stello Cochamanidis
El aparato judicial y fiscal reaccionó con medidas que tensaron aún más el conflicto: en Sucre el fiscal general Roger Mariaca ordenó la captura del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, por cargos que incluyen instigación pública. El Ejecutivo, por su parte, anunció reducción de salarios del gabinete y la creación de «puentes aéreos» para aliviar el desabastecimiento en La Paz y El Alto. Los intentos de diálogo convocados por el Gobierno no llegaron a materializarse ante la desconfianza entre las partes.
Las fuentes difieren sobre la autoría y el carácter de las movilizaciones: el Gobierno responsabiliza a sectores afines a Evo Morales de promover un intento de retorno al poder, mientras los líderes campesinos reivindican la protesta como una salida legítima ante la «represión» y la ineficacia del Ejecutivo. Además, hay versiones contrapuestas sobre si las marchas son mayoritariamente pacíficas o si están infiltradas por grupos violentos que han generado saqueos y daños.
El próximo hito será la decisión legislativa y ejecutiva sobre la herramienta de seguridad: el Parlamento analiza un proyecto para flexibilizar las restricciones que gobiernan la declaración de estados de excepción, mientras que los comités cívicos dieron plazos para que el Gobierno desbloquee rutas. La respuesta en los próximos días—ley, diálogo efectivo o mayor represión—definirá si el conflicto escala o se contiene.