La CMF obliga a incluir 5% del capital y gradúa cuotas sin interés; impactará plazos e intereses de deudas.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) estableció una nueva fórmula para el pago mínimo de las tarjetas de crédito que entra en vigor en junio de 2026. La norma obliga a sumar al monto no financiable al menos un 5% del saldo financiable y gradúa la incorporación de las cuotas “sin interés” durante dos años. El cambio busca acortar los plazos de pago y reducir el sobreendeudamiento habitual entre los usuarios de tarjetas. Las instituciones financieras tendrán un periodo de transición para adaptar sus sistemas.
El cambio transforma el cálculo del mínimo mensual: además de cargos obligatorios (monto no financiable), ahora debe agregarse un 5% del capital adeudado, lo que acelera la amortización. La incorporación completa de las cuotas pactadas “sin interés” será progresiva —25% cada seis meses— hasta completarse en 24 meses. En la práctica, la medida reduce plazos de pago que hoy pueden extenderse por 15 años y evita que los usuarios sigan acumulando intereses elevados por periodos prolongados. Para los emisores, implica ajustes operativos y para los clientes, mayor carga mensual inicial.
La CMF formalizó la regulación en junio de 2025 y fijó como fecha de entrada en vigencia junio de 2026, para dar un año de preparación. El regulador definió que el pago mínimo será la suma del Monto No Financiable (MNF) y al menos el 5% del Monto Financiable (MF), con excepciones muy acotadas. La medida responde al diagnóstico de que los mínimos actuales muchas veces solo cubren intereses y retrasan la amortización del capital. La CMF presenta la norma como una forma de reducir el sobreendeudamiento generalizado.
El Monto No Financiable incluye cargos obligatorios como cuotas inicialmente pactadas “sin interés”, mantenciones, seguros y comisiones; esos ítems ya no podrán quedar fuera del pago mínimo. La novedad clave es que las cuotas sin interés se incorporarán al MNF de forma gradual: un 25% adicional cada seis meses hasta totalizar 100% en dos años. La transición busca evitar un choque abrupto en los presupuestos familiares y dar tiempo a los emisores para ajustar procesos. Los informes citan que hoy un 84% de los usuarios termina pagando intereses por cuotas que se ofrecieron como sin costo.
El impacto sobre plazos e intereses es marcado en los ejemplos oficiales: pagar solo un 1% del saldo puede extender una deuda hasta 180 meses y generar cerca de 160% en recargos por intereses, mientras que amortizar 5% reduciría el plazo a 60 meses con alrededor de 40% de intereses totales. Esa diferencia busca cortar lo que se denomina las “cuotas eternas” y la llamada “trampa del mínimo”. En casos de emergencia, los emisores pueden autorizar eximir el pago mínimo hasta por dos meses, pero esa suma debe repactarse y pagarse en un máximo de 24 meses.
Para los consumidores esto significa mayor carga mensual desde junio de 2026 y, en el mediano plazo, cuotas totales más bajas al acortar los plazos de pago; para hogares con márgenes estrechos será clave revisar gastos y programar ajustes presupuestarios. Para los emisores, la norma implica adaptar sistemas de facturación y comunicación con clientes durante la transición de 24 meses. Las organizaciones de defensa del consumidor y consultores financieros ya llaman a que la implementación vaya acompañada de información clara en los estados de cuenta.
El próximo hito es el inicio de la vigencia en junio de 2026 y el primer corte semestral que elevará en 25% la incorporación de cuotas sin interés. La CMF evaluará el efecto de la norma y los emisores deberán actualizar comunicaciones y sistemas; los consumidores deberían revisar sus contratos y estados de cuenta antes de la entrada en vigor.