Recortes de Hacienda en salud desatan alarma por impacto en hospitales y Atención Primaria

01Un decreto del Ministerio de Hacienda (firmado por el ministro Jorge Quiroz) detalla recortes presupuestarios significativos en el sector salud que, en conjunto, implican cerca de 400 mil millones de pesos menos para el área. Entre las partidas afectadas figuran 135 mil millones en inversiones; 109 mil millones en el Programa de Prestaciones Institucionales (PPI); más de 79 mil millones en financiamiento por egreso hospitalario (GRD); 88 mil millones en el Programa de Contingencias Operacionales; y una disminución de alrededor de 18 mil millones en el presupuesto de la Atención Primaria (per cápita). El decreto también identifica reducciones específicas para hospitales, como el Hospital del Salvador (-2.757 millones), el Hospital de Los Ángeles (-2.706 millones) y el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción (-2.696 millones).

02El Colegio Médico (Colmed), mediante su presidenta Anamaría Arriagada, calificó la medida como “un golpe al corazón del funcionamiento hospitalario y la atención primaria” y declaró una señal de alerta y profunda preocupación. El gremio enfatiza que los recortes en PPI, GRD e inversiones comprometen la capacidad cotidiana de los hospitales para pagar cuentas, sostener operaciones y responder a emergencias, y advierte que será muy difícil mantener la atención de pacientes y enfrentar la alerta oncológica y las listas de espera con esas disminuciones.

03Las federaciones y asociaciones gremiales de salud endurecieron las críticas: Fenats Nacional y Fenasenf señalaron que el Ejecutivo “está jugando con la vida de millones” y advirtieron efectos directos en la operación hospitalaria, las listas de espera y la atención de pacientes. Los dirigentes afirmaron que el ajuste dejará la red asistencial en situación «agónica», que profundiza tensiones operativas existentes (déficit de personal y sobrecarga de equipos) y acusaron a la ministra de Salud, May Chomalí, de haber minimizado previamente el impacto de las rebajas. También expresaron preocupación por un posible proceso que favorezca a prestadores privados tras deteriorar lo público.

04Un grupo de al menos 11 alcaldes de oposición de la Región Metropolitana llegó a La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast manifestando “preocupación” y “rechazo” a los recortes y alertando sobre la posible descontinuación de programas que protegen a poblaciones vulnerables (salud mental, cuidados paliativos, atención a mayores, salud dental infantil, entre otros). En la protesta exterior los jefes comunales llevaron un ataúd con las iniciales “APS” en alusión al riesgo para la Atención Primaria de Salud y pidieron medidas para evitar un ajuste regresivo sobre las poblaciones más vulnerables. Entre los firmantes estuvieron, por ejemplo, Javiera Reyes (Lo Espejo), Karina Delfino (Quinta Normal), Matías Toledo (Puente Alto), Gustavo Toro (San Ramón) y Fares Jadue (Recoleta).

05La acción de los alcaldes generó debate interno: el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (IND-UDI), calificó la "performance" de los alcaldes de oposición como “patética” y cuestionó gestos simbólicos como el ataúd; en contraste, ediles que participaron defendieron la movilización como una forma legítima de proteger a sus vecinos y recordaron que la protesta busca visibilizar el impacto real en servicios municipales. Algunos de los alcaldes que llevaron el ataúd explicaron que la reducción inicial propuesta por Hacienda era del 3% y que, tras gestiones, la ministra Chomalí informó que se habría ajustado a 2,5% —pero que ello no elimina la preocupación por consecuencias locales—.

06La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) se reunió con el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y más de 20 alcaldes; de ese encuentro surgió el acuerdo de conformar una mesa técnica para abordar la crisis de la Atención Primaria. Amuch y varios ediles insistieron en que los problemas de la APS son de larga data y reclamaron abordar la situación con «sentido de Estado», advirtiendo contra la politización del debate y reivindicando el rol municipal de sostener la puerta de entrada al sistema.

07El Ejecutivo ha defendido el ajuste fiscal: la ministra de Salud, May Chomalí, expuso ante el Senado que la prioridad del ministerio fue “proteger la atención de pacientes y asegurar la continuidad de las prestaciones” y que, tras extensas gestiones, la rebaja se ajustó desde un 3% inicial a un 2,5% para el sector. No obstante, la tensión persiste entre las afirmaciones oficiales y las advertencias de gremios y municipios sobre efectos prácticos en la red pública. El decreto (referido también como Decreto 333 en las críticas gremiales) y su aplicación serán objeto de análisis y mesas técnicas convocadas por autoridades y actores locales.

08En conjunto, actores sanitarios, gremiales y municipales advierten que los ajustes podrían traducirse en mayor presión sobre urgencias, aumentos en listas de espera, limitación de prestaciones y una menor capacidad de respuesta ante emergencias; por ello piden revisar con detalle el decreto, participar de las mesas técnicas y buscar alternativas que no comprometan la atención de las personas más vulnerables mientras el gobierno argumenta la necesidad de disciplina fiscal. Se anuncian nuevas mesas de trabajo y reuniones entre Minsal, municipalidades y gremios para intentar mitigar el impacto y precisar cómo se aplicarán las medidas.