Violencia en Guaviare y la diplomacia en juego
A días de la primera vuelta, combates entre disidencias dejan decenas de muertos y declaraciones de Petro provocan ruptura con Bolivia.
- 01La masacre en Guaviare
- 02Presión sobre la votación
- 03La crisis con Bolivia
- 04Tensiones con Ecuador
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
En el selvático departamento del Guaviare se registraron enfrentamientos entre facciones disidentes de las FARC que, según comunidades y autoridades locales, dejaron decenas de muertos justo antes de la primera vuelta presidencial. El Ejército desplegó tropas y coordinó con la Gobernación y la Defensoría para evacuar cuerpos de zonas de difícil acceso. Al mismo tiempo, las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre crisis en Bolivia derivaron en la expulsión de la embajadora colombiana y en una respuesta recíproca de Bogotá. Ese cóctel de inseguridad y tensiones exteriores complica la agenda política y la percepción de gobernabilidad en los últimos días del mandato de Petro.
Los choques en Guaviare —entre estructuras identificadas con los alias Iván Mordisco y Calarcá— reavivan la capacidad letal de las disidencias y asoman como un factor de presión sobre una elección marcada por la inseguridad. Paralelamente, la crisis diplomática con Bolivia por las palabras de Petro evidencia un desgaste regional que podría afectar cooperación en seguridad y comercio. La apertura de una investigación en la Cámara por supuesta injerencia electoral añade tensión institucional en Bogotá a horas de la votación.
La masacre en Guaviare
Comunidades rurales y autoridades locales reportaron un enfrentamiento entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), asociado a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), ligado a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; en medios y autoridades locales la cifra de fallecidos varía, pero líderes comunales y el alcalde Willy Alejandro Rodríguez hablaron de decenas de cuerpos acumulados en la zona de Barranco Colorado. El Ejército señaló el despliegue de tropas de la Brigada 22 para proteger a la población civil y coordinar con la Gobernación del Guaviare la extracción de cadáveres; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, advirtió sobre la posible presencia de menores entre las víctimas. El choque rehace mapas de control territorial en un departamento marcado por coca, minería ilegal y episodios previos de violencia.
Presión sobre la votación
El ministro del Interior, Armando Benedetti, atribuyó los combates y su timing a intentos de las disidencias por influir en la votación —ya sea por constreñimiento o para exhibir debilidad estatal— en una elección cuya primera vuelta se celebra días después de los choques. En paralelo, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, presidida por Gloria Elena Arizabaleta, abrió de oficio una indagación contra Gustavo Petro por presunta intervención en el proceso electoral tras sus publicaciones y declaraciones públicas. Esa doble dinámica —violencia en el terreno y control político institucional— concentra la atención sobre si el Estado puede garantizar seguridad y neutralidad antes de las urnas.
La crisis con Bolivia
Las declaraciones de Petro sobre una "insurrección popular" en Bolivia derivaron en la expulsión de la embajadora colombiana Elizabeth García, decisión que La Paz dijo adoptar para preservar soberanía y no injerencia; el presidente boliviano, Rodrigo Paz, calificó las palabras de Petro como un "ataque a la democracia". Bogotá respondió recíprocamente cesando las funciones del encargado de la embajada boliviana en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, y la Cancillería colombiana ratificó su compromiso con la igualdad soberana y la no intervención. El intercambio diplomático tensó relaciones en la región y obligó a llamadas al diálogo entre las cancillerías.
Tensiones con Ecuador
El pulso con Ecuador sigue abierto: Petro declaró que Ecuador se convirtió en "el país de mayor exportación de cocaína del mundo", mientras que el presidente Daniel Noboa ha impulsado una política de mano dura y cooperación con EE. UU. contra bandas criminales. La guerra arancelaria entre Quito y Bogotá —con tasas que llegaron al 100 % por parte de Ecuador y respuestas colombianas con tasas diferenciadas— motivó que la Secretaría General de la Comunidad Andina reciba reclamos y abriera trámites para resolver la disputa. Esa pelea comercial complica la coordinación regional en fronteras críticas para la lucha contra el narcotráfico.
Guaviare es territorio históricamente disputado por la guerrilla y, tras el acuerdo de 2016, quedó bajo control de disidencias que se financian con narcotráfico y minería ilegal; en enero pasado ya hubo un choque entre esas mismas facciones que dejó 26 muertos. La política de "paz total" del Gobierno de Petro buscó abrir diálogos con grupos armados, pero sin resultados decididos en el corto plazo; al mismo tiempo, la región enfrenta una frágil arquitectura de cooperación multilateral, como evidenció la intervención de la Comunidad Andina en la guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Entre los nombres que trazan este mapa figuran Néstor Gregorio Vera (alias Iván Mordisco), Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá) y la presidenta de la Comisión de la Cámara, Gloria Elena Arizabaleta.
Las cifras de víctimas fluctúan: líderes comunales y el alcalde Willy Alejandro Rodríguez hablan de decenas amontonadas y un balance aproximado de 48, mientras algunos medios locales citan rangos entre 20 y 50 muertos; por ahora no hay una cifra unificada confirmada por todas las autoridades. En el plano diplomático, Petro califica la situación boliviana de "insurrección popular" y ofrece mediación, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz la describe como injerencia y responde expulsando a la embajadora.
En los próximos días habrá que observar la confirmación oficial del número de víctimas y el avance de las operaciones militares y humanitarias en Guaviare, así como el pronunciamiento público del ministro de Defensa, anunciado por el Ministerio. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara seguirá el trámite iniciado contra Petro, que podría incluir citaciones y audiencias según el calendario interno del Legislativo. Además, la Secretaría General de la Comunidad Andina tramita los reclamos de Colombia y Ecuador sobre aranceles y podría convocar mesas de trabajo; y la salida efectiva de la embajadora y del encargado diplomático se ajustará a los plazos consulares invocados por ambos gobiernos.