Asalto violento a la hermana de José Antonio Kast genera críticas a la justicia chilena

Gabriela María Mónica Kast Rist, hermana del candidato presidencial José Antonio Kast, fue víctima de un violento asalto en su domicilio de Lo Barnechea la mañana del lunes 21 de abril de 2025. El atacante, un joven chileno de 22 años, ingresó a la vivienda armado con un cuchillo, agredió a la víctima y le robó joyas y dinero en efectivo. Gabriela sufrió heridas leves, pero gracias a su rápida reacción logró encerrar al delincuente en una habitación y pedir auxilio. Con la colaboración de un jardinero, guardias municipales y carabineros, el sujeto fue finalmente detenido en las inmediaciones tras intentar escapar.

El caso generó gran conmoción pública debido a que el agresor contaba con un amplio prontuario policial: cinco detenciones por robos similares, la mayoría cometidos cuando era menor de edad. En 2022 había sido condenado a cinco años de cárcel por robo en lugar habitado y debía cumplir condena hasta 2027. Sin embargo, el miércoles 16 de abril, apenas cinco días antes del asalto, fue liberado por decisión de la jueza Ximena Rivera Salinas, quien determinó que el imputado debía quedar bajo custodia de su padre y someterse a tratamiento por "enajenación mental".

Esta liberación desató duras críticas de autoridades y familiares. José Antonio Kast calificó la situación de "inexplicable" y denunció que este tipo de decisiones entrega una falsa sensación de seguridad, subrayando el sentimiento de impotencia tanto de las víctimas como de las policías. También el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, enfatizó el riesgo de la llamada "puerta giratoria" y pidió mayor colaboración y rigor por parte del Poder Judicial para enfrentar la delincuencia, señalando la preocupación de que una persona con reiterados delitos y condena vigente fuese puesta en libertad. El agresor fue formalizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente tras su detención.

El incidente reaviva el debate sobre la reincidencia, los beneficios carcelarios y la necesidad de reformas en el sistema judicial chileno para enfrentar la delincuencia y mejorar la protección de las víctimas.