El Gobierno impulsa ajustes presupuestarios —incluida la propuesta de revisar la PGU— que, según las autoridades, persiguen responsabilidad fiscal y mejor focalización; se han detectado "inconsistencias" en registros que requieren validación.
01La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, salió a explicar los recortes ministeriales y entregó un mensaje de “tranquilidad a las personas”, insistiendo en que las medidas no afectarán la entrega de beneficios sociales actuales.
02Wulf defendió que los ajustes obedecen a una lógica de responsabilidad fiscal y al uso más eficiente de los recursos públicos: “no se afectan los beneficios sociales y por lo mismo creo yo que esto tiene que ser visto como una buena noticia”, señaló, aunque admitió que la discusión puede ser “dura comunicacionalmente”.
03Uno de los puntos más sensibles ha sido la propuesta del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de rebajar el presupuesto asociado a la Pensión Garantizada Universal (PGU). Wulf aseguró que esa discusión no implicará que “nadie le va a quitar la PGU a una persona vulnerable que hoy día la está recibiendo”, y que la intención es ajustar cifras y evidenciar casos de supuesto “fraude social” o mal gasto si existen pruebas.
04La secretaria de Estado reconoció que el gobierno ha detectado “inconsistencias” en distintos registros y enfatizó la necesidad de avanzar en la validación de datos para evitar errores y fraudes: mejorar la calidad del Registro Social de Hogares es parte de ese esfuerzo para focalizar mejor las políticas públicas.
05Wulf subrayó además que el recorte en el Ministerio de Desarrollo Social será menor que en otras carteras y defendió que la medida busca preservar el impacto de los beneficios en el mediano y largo plazo mediante una administración responsable de los recursos públicos.