Chile lideró en Santiago un acuerdo que crea un grupo de trabajo con plazos de 90 y 180 días para medidas conjuntas.
Chile encabezó en Santiago la firma del “Compromiso Regional de Santiago” contra la delincuencia organizada transnacional, en una cumbre que reunió a cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. El encuentro, celebrado el 28 de mayo en la Cancillería, acordó crear un grupo de trabajo para diseñar un plan de acción conjunto. Los países fijaron plazos concretos: 90 días para propuestas técnicas y 180 días para evaluar avances. El documento plantea medidas sobre coordinación fronteriza, inteligencia financiera y trazabilidad de flujos ilícitos.
El acuerdo busca transformar respuestas nacionales aisladas en una estrategia regional operativa y medible, con intercambio de información y coordinación técnico-operativa. Los firmantes enfatizaron que la naturaleza transfronteriza del narcotráfico y las redes criminales exige interoperabilidad institucional y mecanismos verificables. La iniciativa además contempla presentar el Compromiso en la Asamblea General de la OEA para ampliar la convocatoria. Si se cumplen los plazos, la cumbre podría consolidar procedimientos comunes para investigaciones financieras y control fronterizo.
El canciller Francisco Pérez Mackenna presentó el texto que bautizó como “Compromiso Regional de Santiago” y explicó que el grupo de trabajo deberá proponer medidas en seguridad, inteligencia financiera y trazabilidad fronteriza. Señaló que los esfuerzos nacionales son insuficientes y que la iniciativa buscará resultados verificables: “enfrentar la delincuencia organizada con acciones concretas y resultados medibles y también verificables”. El equipo tendrá 90 días para articular propuestas técnicas y operativas y se volverá a reunir en 180 días para revisar avances.
“enfrentar la delincuencia organizada con acciones concretas y resultados medibles y también verificables”— Francisco Pérez Mackenna
El canciller argentino Pablo Quirno celebró la firma como un paso para traducir voluntad política en instrumentos prácticos y ofreció a Buenos Aires como sede de la próxima cumbre. Planteó que el plan conjunto debe incorporar objetivos medibles, responsabilidades claras y mecanismos de seguimiento que permitan traducir la coordinación en seguridad real para las comunidades. La propuesta argentina busca continuidad institucional y un seguimiento operativo de los compromisos asumidos en Santiago.
“Hoy dimos un paso para que las ideas se traduzcan en acción, para que la palabra se transforme en método y para que la voluntad política encuentre mecanismos eficaces para proteger vidas, fronteras, instituciones y comunidades”— Pablo Quirno
El canciller boliviano Fernando Aramayo defendió el carácter operativo del compromiso y advirtió que ciertos territorios de su país sufren la influencia del crimen organizado sobre la política. Dijo que no se trata de una declaración de intenciones, sino de un compromiso con medidas prácticas frente a grupos que, aseguró, buscan debilitar al Estado. Su intervención subrayó la urgencia de cooperación regional ante amenazas que, agregó, financian acciones para interrumpir el orden democrático.
“esta no es una declaración de intenciones, esto está planteando una dimensión operativa con la que estamos comprometidos”— Fernando Aramayo
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, pidió fortalecer capacidades mediante acciones “conjuntas, coordinadas y oportunas” y destacó la necesidad de intercambio permanente de información. En la misma línea, la delegación peruana remarcó que las mafias cruzan fronteras y requieren mecanismos permanentes de coordinación regional. Estas intervenciones pusieron el foco en la interoperabilidad institucional y en la trazabilidad de flujos financieros ilícitos como ejes del plan conjunto.
“conjuntas, coordinadas y oportunas”— Gabriela Sommerfeld
El presidente José Antonio Kast participó de la cumbre y afirmó que la región vive un momento propicio para coordinar frente al flagelo, planteando un marco político común para la lucha contra el crimen organizado. Sostuvo que el fenómeno vulnera derechos y que la cooperación internacional es necesaria para proteger la libertad y la vida de los ciudadanos. Su presencia institucional buscó dar impulso político a la agenda liderada por Cancillería.
“El crimen organizado está violando los derechos humanos de todos nuestros compatriotas y eso hay que enfrentarlo con decisión y con fuerza”— José Antonio Kast
El ministro de Seguridad chileno, Martín Arrau, puso énfasis en cambios institucionales recientes y reconoció que hasta ahora la respuesta domesticada al crimen era dispersa: “de manera desorganizada”. Arrau defendió la creación del ministerio que lidera como un avance para coordinar fuerzas y mejorar la respuesta operativa en fronteras y puertos. Su diagnóstico técnico orienta las propuestas que deberá entregar el grupo de trabajo en los próximos 90 días.
“de manera desorganizada”— Martín Arrau
El próximo hito es la entrega de propuestas técnicas y operativas dentro de 90 días por el grupo de trabajo, y la reunión de seguimiento en 180 días, con la invitación a ampliar la instancia en Buenos Aires. Asimismo, los firmantes anunciaron la intención de presentar el Compromiso Regional ante la 46ª Asamblea General de la OEA para convocar a más países a adoptar medidas comunes.