La decisión cuestiona la trazabilidad del voto; la lista ganadora apelará al Tricel y la directiva actual seguirá en funciones.
El Tribunal Supremo del Partido de la Gente (PDG) declaró inválidos los comicios internos del 25 de abril y ordenó la realización de nuevos comicios bajo estándares reforzados. El órgano detectó faltas en el envío de padrones, ausencia de trazabilidad y discrepancias entre actas y firmas en varias mesas, por lo que rechazó calificar y proclamar resultados. En las votaciones preliminares la Lista B, encabezada por Patricio Quisbert, se había adjudicado la victoria; la directiva vigente permanecerá en sus cargos hasta la nueva elección. El proceso original congregó apenas 1.106 sufragios, alrededor del 2,5% del padrón.
La anulación obliga a reconstruir la legitimidad interna del PDG en un momento de fragilidad organizacional: la resolución apunta a fallas sistémicas en la verificación electoral que impiden garantizar quiénes votaron. La disputa abre dos frentes: la defensa de la voluntad proclamada por la Lista B y la búsqueda de garantías procesales por parte del tribunal partidario. El resultado puede condicionar la estabilidad del liderazgo —con Rodrigo Vattuone y Franco Parisi manteniéndose en sus cargos— y derivar en recursos ante el Tricel o tribunales civiles.
El Tribunal Supremo partidario fundamentó la anulación en múltiples irregularidades técnicas: remisión incompleta de padrones, uso no homogéneo del foliado, falta de mecanismos de trazabilidad y diferencias objetivas entre votos consignados y firmas en padrones de diversas mesas. El informe interno, revisado en sesiones extraordinarias, concluye que el proceso no ofrece certeza jurídica ni control documental suficiente para una proclamación válida. El tribunal ordenó que la nueva elección se haga conforme a normativa vigente y con controles obligatorios de conciliación entre votos, firmas y documentación de mesa.
La Lista B, que había informado la victoria preliminar, calificó la resolución como ilegítima y anunció que agotará las instancias para impugnarla. Patricio Quisbert sostuvo que no están de acuerdo con el resultado y que presentarán la documentación ante el Tricel o, si corresponde, un recurso de protección; además denunció problemas internos en el Tribunal Supremo y planteó la existencia de votos disidentes en la resolución.
“No estamos de acuerdo con ese resultado. Vamos a continuar los procesos que corresponden. Vamos a presentar la documentación al Tricel o, en el caso que corresponda, un recurso de protección.”— Patricio Quisbert
Voces internas respaldaron la medida del tribunal como una señal de seriedad que obliga a rehacer el proceso con garantías. Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del PDG, dijo que las actas llegaron pero no los padrones a tiempo, y que lo apropiado es repetir la elección pese a los costos políticos que ello implique. Para Valenzuela, la claridad en el padrón es condición básica para la certeza del voto.
“Lo que corresponde entonces es rehacer esta elección y creo que es una señal de seriedad, tenga los costos que tenga.”— Juan Marcelo Valenzuela
Mientras tanto, la directiva actual permanecerá en funciones para garantizar continuidad administrativa: Rodrigo Vattuone seguirá como presidente y Franco Parisi como vicepresidente hasta que se convoque y celebre la nueva votación. La postura oficial de la mesa partidaria no figura con declaraciones públicas extensas en los documentos difundidos, pero la resolución establece la vigencia provisoria de las autoridades.
Los críticos de la anulación, entre ellos el diputado Fabián Ossandón, denunciaron que el tribunal actuó con desprolijidad y que la propia resolución admite fallas, pero argumentaron que el ejercicio de la militancia debe respetarse. Ossandón cuestionó la revisión completa mesa por mesa y apuntó que la elección contó con observadores del Servel, lo que, a su juicio, complica aún más la decisión de anular el proceso.
“Estas conductas no me gustan. No representan la política que busco desarrollar ni los principios por los que nace el PDG.”— Fabián Ossandón
La disputa central es procesal y reputacional: el Tribunal Supremo afirma que el proceso carece de trazabilidad y control documental; la Lista B replica que la voluntad de la militancia fue vulnerada y anuncia recursos ante el Tricel o tribunales. Además, el propio fallo registra dos votos disidentes dentro del Tribunal Supremo, lo que refuerza la controversia interna sobre cómo se aplicaron los criterios de validación.
Los siguientes pasos son concretos y jurídicos: la Lista B anunció que presentará impugnaciones ante el Tricel y evaluará recursos de protección, mientras el Tribunal Supremo del PDG debe fijar el calendario y los nuevos protocolos de verificación. La militancia espera la publicación de un cronograma de comicios con controles reforzados que permitan restablecer confianza interna.