La Dipres movió tres veces la fecha del Informe de Finanzas Públicas; inquieta al mercado y condiciona el decreto fiscal del 9 de junio.
La Dirección de Presupuestos (Dipres) volvió a aplazar la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026, reprogramándolo finalmente para el 25 de mayo tras dos postergaciones previas. El documento, que actualiza ingresos, gastos, balance y deuda, es la primera gran referencia fiscal del gobierno de José Antonio Kast. La demora se produjo mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participaba en actividades internacionales y la agenda legislativa discutía la megareforma del Plan de Reconstrucción. El mercado y el mundo político esperan ese diagnóstico antes de que Hacienda fije la trayectoria del déficit estructural en el decreto fiscal.
La publicación del IFP es relevante porque sirve de insumo técnico para el decreto fiscal que el Ministerio de Hacienda debe emitir a más tardar el 9 de junio y porque condiciona el debate sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. Las sucesivas modificaciones del calendario han encendido las alertas sobre la institucionalidad y la transparencia de la Dipres. Además, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) modificó su planificación y acordó pedir información trimestral adicional sobre la deuda pública para monitorear riesgos. El resultado del IFP influirá en la discusión parlamentaria sobre el Plan de Reconstrucción Nacional y en las expectativas del mercado.
Dipres explicó que la reprogramación respondió a "ajustes de agenda institucional y coordinación de actividades" y a la necesidad de revisiones finales por parte del ministro de Hacienda. La dependencia había fijado inicialmente la entrega para el 12 de mayo, la movió al 20 y finalmente al 25, lo que generó críticas públicas. El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, presentó luego al Consejo Fiscal Autónomo las principales cifras del informe antes de su publicación. La nueva agenda de la Dipres terminó coincidiendo con la votación en la Cámara del proyecto emblemático del gobierno.
El Consejo Fiscal Autónomo expresó preocupación por las postergaciones y acordó solicitar trimestralmente a la Dipres "la información actualizada sobre las proyecciones de deuda pública, incluyendo los insumos y supuestos utilizados para su construcción". En su acta, el CFA recalcó que la claridad, transparencia y oportunidad en la actualización de cifras fiscales "constituye una buena práctica que debe ser preservada". El organismo planeó además ajustar su calendario de trabajo para cumplir con plazos de revisión afectados por la demora. Ese requerimiento busca permitir un monitoreo permanente del indicador de deuda.
““Esto en virtud de la claridad, transparencia y oportunidad en que se actualizan las cifras fiscales constituye una buena práctica que debe ser preservada, especialmente en un escenario de mayor estrechez fiscal””— Consejo Fiscal Autónomo
El exministro de Hacienda Ignacio Briones cuestionó públicamente las nuevas postergaciones y dijo que "sorprende que @DipresChile vuelva a postergar -ahora para el 25- el IFP previsto para mañana con sus proyecciones fiscales". Briones sostuvo que el informe es información esperada por el mercado y valiosa para el debate legislativo, en particular sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional. Sus críticas se replicaron en redes y en el debate político, aumentando la presión sobre Hacienda para que entregue cifras con prontitud. La reacción de figuras opositoras subrayó la dimensión política del retraso.
““sorprende que @DipresChile vuelva a postergar -ahora para el 25- el IFP previsto para mañana con sus proyecciones fiscales"”— Ignacio Briones
Economistas alertaron sobre el impacto reputacional de las modificaciones reiteradas del calendario: Juan Ortiz afirmó que "el nuevo cambio de la fecha de publicación del IFP en medio de la convulsa discusión del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y su incidencia fiscal, no es positivo". Hernán Frigolett advirtió que las demoras afectan la institucionalidad porque forman parte de la responsabilidad fiscal. Las voces técnicas coincidieron en que el IFP es un insumo central para calibrar metas de deuda y convergencia fiscal en el mediano plazo. El diagnóstico del informe, dijeron, influirá en expectativas de mercados y parlamento.
““el nuevo cambio de la fecha de publicación del IFP en medio de la convulsa discusión del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y su incidencia fiscal, no es positivo””— Juan Ortiz
Ante las críticas, la economista Macarena García sostuvo una posición más matizada y dijo que no cree que la postergación "afecte la institucionalidad, ya que no hay una obligación legal para publicar el IFP en alguna fecha determinada". García advirtió, sin embargo, que sí sería dañino que el informe no se publicara, porque eso se interpretaría como un intento de ocultamiento de información. También resaltó que el contenido del IFP será determinante para conocer si el gobierno mantiene metas de deuda como el límite del 45% del PIB al final del mandato. Su llamado fue a centrar el debate en las cifras y los supuestos técnicos.
““No creo que afecte la institucionalidad, ya que no hay una obligación legal para publicar el IFP en alguna fecha determinada””— Macarena García
Las fuentes difieren sobre la razón principal del retraso: la Dipres y Hacienda atribuyen la postergación a "ajustes de agenda institucional" y revisiones finales por la participación del ministro en Chile Day, mientras que críticos y economistas sugieren que las demoras dañan la institucionalidad y podrían responder a ajustes técnicos de último minuto. Tampoco hay consenso sobre la gravedad: algunos expertos lo califican como un problema reputacional; otros lo consideran una variación administrativa sin base legal.
El próximo hito técnico y político es la publicación definitiva del decreto fiscal, que el Ministerio de Hacienda debe emitir a más tardar el 9 de junio y que fijará la trayectoria del déficit estructural para el gobierno. En paralelo, el Senado deberá abordar la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional, donde las cifras del IFP podrían condicionar votos y enmiendas.