Los ajustes presupuestarios oficializados por Hacienda provocan tensión política y riesgo para centros y APS en todo el país.
El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, cuestionó públicamente los recortes al presupuesto de Salud anunciados por el Ministerio de Hacienda, advirtiendo que reducirán y empeorarán las atenciones médicas. Las críticas de Luksic, que preside la comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, llegaron tras la publicación del decreto enviado a la Contraloría que contempla rebajas millonarias en varios hospitales y fondos para la Atención Primaria. Entre los recintos afectados figuran el Hospital Sótero del Río, el Hospital del Salvador y el Hospital de Los Ángeles, con disminuciones que superan los miles de millones de pesos por centro. El debate escaló cuando el gobierno defendió los ajustes mientras alcaldes y gremios sanitarios anunciaron acciones y exigirán explicaciones.
La polémica importa porque compromete la Atención Primaria de Salud (APS), puerta de entrada del sistema, y porque incluye recortes sectoriales por montos que las municipalidades y gremios dicen son incompatibles con la continuidad de prestaciones. El decreto de Hacienda —ingresado a Contraloría— suma recortes relevantes en hospitales y, según figuras comunales, afecta la operativa de centros y CESFAM. La tensión se extiende más allá de la oposición: el alcalde Luksic, cercano al oficialismo, exigió claridad y diálogo con los municipios.
Maximiliano Luksic protagonizó el reproche público desde su cuenta de X y en puntos de prensa, subrayando que la Atención Primaria ya opera bajo “alta exigencia” y que menos recursos implican “menos y peores atenciones médicas para los chilenos”. El jefe comunal pidió al Ejecutivo que reconsidere prioridades y llamó a que el gobierno dialogue con las municipalidades para ver el impacto real en CESFAM y consultorios. Luksic afirmó también que Huechuraba ha buscado alianzas para sostener servicios, pero advirtió que no todas las comunas tienen esa capacidad. Sus declaraciones marcaron una crítica relevante desde un sector cercano al oficialismo.
“No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva”— Maximiliano Luksic
El decreto ingresado por el Ministerio de Hacienda a la Contraloría contempla recortes que afectan tanto a hospitales como a partidas operacionales: en conjunto se mencionan reducciones por más de $413 mil millones para la cartera de Salud, y cortes puntuales para centros como Sótero del Río, Salvador, Los Ángeles y Guillermo Grant Benavente. Varios establecimientos aparecen con rebajas de miles de millones por recinto, según los documentos revisados por la prensa. La presentación del ajuste fue el origen formal de la controversia y abrió consultas sobre su alcance y justificación técnica.
Frente a las críticas, el Ministerio de Salud defendió que el ajuste del 2,5% fue planificado cuidando la continuidad de prestaciones y la atención directa a pacientes, cálculo que, según la cartera, representa solo un 1,1% de los recursos operacionales hospitalarios. La institución sostuvo que los cambios fueron diseñados para resguardar servicios esenciales y minimizar efectos en la población. Esa explicación del Minsal busca contrarrestar la percepción de que las rebajas significan recortes masivos a la atención primaria.
“los ajustes representan solo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales”— Ministerio de Salud
En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la necesidad de reasignar recursos y planteó que "a veces uno, con menos recursos, hace más", señalando que cada cartera tiene discrecionalidad para priorizar gastos y ajustar partidas. Su intervención generó contraposiciones con alcaldes y gremios que reclaman mayor transparencia sobre dónde impactarán los recortes. Quiroz insistió en que las decisiones operativas quedan en manos de cada ministerio, una explicación que no apaciguó las inquietudes municipales.
“a veces uno, con menos recursos, hace más”— Jorge Quiroz
La medida ya provocó movilización política y técnica: alcaldes de distintas comunas exigieron ser recibidos por el Ejecutivo y gremios como Fenats y Fenpruss anunciaron acciones judiciales contra el Decreto 333 para frenar su aplicación. Además, Luksic y otros jefes comunales denunciaron una “incoherencia” entre declaraciones de la ministra de Salud que negaban recortes en APS y el propio decreto que menciona una rebaja de $18 mil millones en la Atención Primaria. Esa mezcla de reclamos plantea un frente de conflicto entre gobierno central, municipalidades y sindicatos.
Existe un choque explícito entre la versión oficial —que asegura que los ajustes protegen la atención directa y que representan una fracción de los recursos operacionales— y la lectura de alcaldes, gremios y documentos del decreto que señalan recortes concretos a hospitales y una rebaja de $18 mil millones en la Atención Primaria. La ministra de Salud había dicho que no habría recortes en APS, pero el decreto y su detalle presupuestario muestran partidas que las autoridades locales interpretan como reducción efectiva.
El próximo hito será la revisión del decreto por parte de la Contraloría y la eventual presentación de recursos judiciales por parte de gremios como Fenats y Fenpruss, que buscan frenar la implementación. Al mismo tiempo, alcaldes esperan ser recibidos por el Ejecutivo para exigir detalle del impacto en CESFAM y hospitales: esa reunión, si se concreta, definirá el siguiente capítulo del conflicto. Mientras tanto, la discusión pública continuará centrada en cuánto afectarán las rebajas la oferta de atención primaria.