Colombia vota entre diálogo y mano dura
Primera vuelta marcada por la violencia y la disyuntiva sobre la ‘total paz’ de Petro; posible segunda vuelta el 21 de junio.
- 01La pulseada electoral
- 02Violencia en la campaña
- 03Drones y nuevas tácticas
- 04Choque indígena y despliegue
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
Este domingo Colombia celebró la primera vuelta presidencial en medio de un clima de inseguridad creciente: ataques con drones, asesinatos políticos y choques territoriales reavivan el debate sobre cómo enfrentar a los grupos armados. El favorito en las encuestas es el senador Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro, que propone seguir negociando; sus principales contendores, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, proponen mano dura y mayor presión militar. La jornada transcurrió con cierre de mesas a las 16:00 y el inicio inmediato del conteo a cargo de la Registraduría Nacional, que según el registrador Hernán Penagos espera resultados consolidados horas después. Si ningún candidato supera la mayoría absoluta, los dos más votados irán a una segunda vuelta el 21 de junio.
La elección funciona como un referendo sobre la estrategia de ‘total paz’ impulsada por Petro tras el acuerdo con las FARC de 2016: mientras Cepeda apuesta por la negociación con los grupos que quedan, De la Espriella y Valencia ofrecen una respuesta militarizada. La violencia reciente —incluido el homicidio de un exalcalde aliado de De la Espriella y una oleada de ataques con drones— ha convertido la seguridad en el eje central de la campaña. El resultado condicionará no solo la política de seguridad interna sino también la relación con socios internacionales y el clima de derechos humanos en zonas rurales y fronterizas.
La pulseada electoral
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y aliado del presidente Gustavo Petro, encabeza las encuestas proponiendo la continuidad de la política de diálogo conocida como ‘total paz’. Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y protegida política del expresidente Álvaro Uribe, compiten desde la derecha con promesas de mano dura y represión de los grupos armados. Las mediciones sugieren que ninguno alcanzará la mayoría absoluta, por lo que la votación muy probablemente se definirá en una segunda vuelta el 21 de junio. El resultado enfrente dos modelos antagónicos de seguridad y reconstrucción del tejido territorial.
Violencia en la campaña
El asesinato del exalcalde Rogers Devia, ligado al movimiento de Abelardo de la Espriella, y la muerte de un colaborador reavivaron alarmas sobre la seguridad de militantes y candidatos durante la campaña. La Oficina de la Defensoría del Pueblo del Meta confirmó los homicidios en Cubarral y advirtió sobre el efecto en la participación política; el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que las motivaciones del ataque están bajo investigación. Casos anteriores, como el asesinato del aspirante Miguel Uribe Turbay en junio pasado, muestran que los homicidios políticos han sido un patrón en la última temporada electoral. Las agresiones aumentan la presión sobre las autoridades para garantizar condiciones seguras de votación en zonas en disputa.
Drones y nuevas tácticas
Ataques con drones modificados para soltar explosivos han transformado el campo de batalla en regiones como Valle del Cauca y la costa norte: el Ministerio de Defensa registró cientos de impactos en 2025 y un notable aumento en 2026. Guillermo Londoño, funcionario de seguridad en Valle del Cauca, describió tácticas de ‘enjambre’ que buscan multiplicar el daño y minar la presencia policial en municipios pequeños. Elizabeth Dickinson, analista principal del International Crisis Group, advirtió que una respuesta exclusivamente militar por parte de un gobierno de derecha podría provocar una espiral de violencia al golpear a redes asimétricas que responden con ataques terroristas. Los drones son hoy una de las mayores amenazas para civiles y fuerzas de seguridad.
Choque indígena y despliegue
En el suroccidente, enfrentamientos territoriales entre los pueblos Misak y Nasa en Cauca dejaron al menos siete muertos y más de 110 heridos, según el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que ordenó el despliegue de más de 500 soldados y apoyo aéreo. La Agencia Nacional de Tierras participó en mesas técnicas para delimitar reclamos y llamó a mantener el diálogo; la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió investigaciones y sanciones para los responsables. La presencia de disidencias de las FARC y otros grupos armados convierte disputas locales en focos de violencia con impacto directo en la seguridad electoral. El reforzamiento militar en zonas indígenas añade tensión a un panorama ya fragmentado.
La elección ocurre a diez años del acuerdo de paz de 2016 con las FARC y en medio de la política de ‘total paz’ que lanzó Gustavo Petro para incluir negociaciones con grupos armados remanentes; Petro mismo ha reconocido que la estrategia no logró desarmar plenamente a las redes ilegales. El registrador nacional Hernán Penagos supervisó la jornada en más de 122.000 mesas, en una votación que según autoridades buscó transcurrir sin mayores incidentes, pese a la escalada de ataques. Además, la relación con Estados Unidos está tensionada desde enero de 2025; el presidente Petro pidió el 27 de mayo el envío de una carta de protesta por la muerte de un colombiano en custodia de ICE, un episodio que avivó disputas diplomáticas. En este telón de fondo, las medidas de seguridad y las investigaciones pendientes definirán la capacidad del próximo gobierno para gobernar zonas rurales.
El centro de la disputa entre las fuentes es si la política de diálogo de Petro debe mantenerse: Cepeda y aliados sostienen que la negociación sigue siendo necesaria para solucionar problemas estructurales, mientras que De la Espriella, Valencia y otros críticos afirman que el diálogo ha fracasado y que la única vía es una ofensiva militar más agresiva. Analistas como Elizabeth Dickinson advierten que una respuesta únicamente represiva podría intensificar los ataques asimétricos de los grupos armados.
Las autoridades electorales esperan consolidar resultados pocas horas después del cierre de mesas del 31 de mayo; si ningún candidato supera 50% se celebrará una segunda vuelta el 21 de junio de 2026. En las próximas semanas habrá que seguir de cerca las investigaciones abiertas sobre el asesinato del exalcalde Rogers Devia y las pesquisas por los choques en Cauca, además del registro de incidentes con drones que las fuerzas armadas reportan periódicamente. También será clave la reacción de los candidatos y sus campañas ante los conteos oficiales y cualquier llamado a reforzar la seguridad en municipios vulnerables.