La posible imputación eleva la tensión bilateral y abriría un capítulo judicial sobre un caso que dejó cuatro muertos.
Estados Unidos evalúa presentar cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, informaron medios que citan a funcionarios estadounidenses. El Departamento de Justicia aún no ha confirmado públicamente la iniciativa; reportes indican que la acusación requiere la aprobación de un gran jurado y podría anunciarse en Miami. La decisión ocurriría en medio de un endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana y tras una visita reciente del director de la CIA a la isla.
Si se concreta la imputación sería un hito: implicaría que Estados Unidos busca responsabilidad penal por un episodio que marcó las relaciones bilaterales y podría tensar aún más diálogos ya fragilizados por sanciones y un bloqueo al combustible. La causa remite a un incidente en aguas internacionales que costó cuatro vidas y que la administración de Donald Trump cita ahora como parte de una campaña para forzar cambios en el régimen cubano. La medida combina acción legal, presión diplomática y elementos simbólicos con alto efecto político en Florida y en la comunidad de exiliados.
Según reportes que citan a funcionarios del Departamento de Justicia, la posible acusación se centraría en el derribo en 1996 de dos avionetas operadas por Hermanos al Rescate, un incidente en el que murieron cuatro personas. El trámite exigirá la aprobación de un gran jurado federal, paso que fuentes describen como inminente, aunque el Departamento no ha emitido confirmación oficial. Una acusación contra un exjefe de Estado plantearía cuestiones prácticas y diplomáticas inusuales para Washington.
El caso remite a febrero de 1996, cuando fuerzas cubanas derribaron aeronaves de Hermanos al Rescate en aguas próximas a la isla; el ataque provocó una grave crisis diplomática y la muerte de cuatro pasajeros. En ese momento Raúl Castro dirigía las Fuerzas Armadas y posteriormente sucedió a Fidel al frente del país, lo que sitúa su posible imputación en el corazón de decisiones militares de la época. La acusación pondría foco en la responsabilidad de mandos que supervisaban las operaciones aéreas hace casi tres décadas.
Medios que citan fuentes estadounidenses señalan que la acusación podría anunciarse durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami el 20 de mayo, tras la aprobación de un gran jurado y con un homenaje a las víctimas. Esa programación, si se confirma, uniría el gesto judicial con un acto político en la comunidad cubanoamericana de Florida, donde el tema tiene fuerte carga electoral y simbólica. Hasta ahora no hay confirmación oficial del calendario por parte del Gobierno estadounidense.
El posible movimiento legal llega tras contactos recientes entre Washington y La Habana: el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en La Habana con dirigentes cubanos, incluido el nieto de Raúl Castro, y transmitió mensajes de la Casa Blanca sobre condiciones políticas y económicas. Funcionarios citados por la prensa sostienen que Estados Unidos exige cambios sustantivos como condición para aliviar presiones económicas. Esos intercambios sitúan la eventual acusación en un marco que combina seguridad, diplomacia y negociación bilateral.
La posibilidad de cargos ya provocó reacciones políticas inmediatas: el gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró la noticia en redes y pidió avanzar con la acción, en una señal dirigida a la base electoral anticastrista del estado. En el Capitolio, legisladores republicanos de Florida han respaldado históricamente medidas duras contra La Habana y algunos exigieron que la Justicia avance con rapidez. Esos ecos domésticos anticipan que la decisión tendrá repercusiones políticas internas en Estados Unidos.
“¡Que se desate, ya era hora!”— Ron DeSantis
El próximo hito visible será la decisión del gran jurado y, si procede, el anuncio público de la acusación —posiblemente en un acto en Miami señalado para el 20 de mayo— y la respuesta oficial de La Habana. Después del anuncio, ojos diplomáticos observarán si Washington complementa la vía judicial con medidas concretas o nuevas ofertas de negociación.