Senado aprueba en general la ley Escuelas Protegidas
Establece revisiones de mochilas y pérdida de gratuidad universitaria por cinco años para condenados por violencia escolar.
- 01Trámite acelerado del gobierno
- 02Revisión de mochilas
- 03Pérdida de gratuidad universitaria
- 04División política y votos
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, impulsado por el Ejecutivo para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales. La iniciativa, respaldada por la mayoría oficialista, introduce facultades para revisar mochilas ante motivos fundados y un requisito que puede dejar a estudiantes condenados fuera de la gratuidad universitaria por cinco años. El gobierno apuró la tramitación con urgencia y sesiones extraordinarias para incluir el proyecto en la cuenta pública presidencial. El texto ahora seguirá su discusión en particular y luego pasará a la Cámara de Diputadas y Diputados.
El proyecto modifica reglas de convivencia escolar y añade sanciones administrativas y educativas que afectan derechos y beneficios futuros: permite protocolos de revisión de pertenencias dentro de los colegios, refuerza la autoridad docente y condiciona el acceso a la gratuidad universitaria por delitos cometidos en el establecimiento. La discusión se volvió tensa en el Senado: legisladores de oposición alertan que el texto privilegia el control y castigo por sobre la prevención y el apoyo psicosocial, mientras parlamentarios oficialistas sostienen que era necesaria una respuesta rápida tras hechos graves de violencia. La rapidez de la tramitación obliga a que las indicaciones y audiencias definan en días el alcance final de las medidas.
Trámite acelerado del gobierno
La Secretaría General de la Presidencia, liderada por José García Ruminot, gestionó sesiones adicionales en el Senado para apurar la votación y buscar que la iniciativa llegue como logro a la cuenta pública del Presidente. El Ejecutivo presentó la urgencia de discusión inmediata, que obliga a despachar el proyecto en plazos muy cortos, y colocó indicaciones que aumentaron la complejidad del debate en la Comisión de Educación. La jugada política busca un resultado rápido antes de la discusión en la Cámara de Diputados, pero varios senadores coincidieron en la necesidad de revisar el articulado en detalle durante la votación en particular.
Revisión de mochilas
La iniciativa habilita que cada establecimiento incorpore en su Reglamento Interno un protocolo para la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos cuando existan motivos fundados, individualizados y verificables; la Comisión de Educación rechazó revisiones masivas o arbitrarias y estableció condiciones como la presencia de dos adultos y la realización en un lugar privado. La senadora Yasna Provoste (DC) y la senadora Claudia Pascual (PC) impulsaron salvaguardas contra discriminación en el procedimiento, mientras que el senador Cristián Vial (ind.-republicano) cuestionó limitaciones que, a su juicio, podrían impedir prácticas necesarias de seguridad. Vlado Mirosevic (Partido Liberal) advirtió sobre el riesgo de prácticas discriminatorias si las revisiones se restringen demasiado.
Pérdida de gratuidad universitaria
El texto agrega a los requisitos de la gratuidad una condición de conducta: quienes sean condenados con sentencia firme por delitos graves cometidos dentro del establecimiento —ataques a la integridad física, uso de armas o daños relevantes a la infraestructura— quedarían inhabilitados para acceder al beneficio por cinco años. La sanción contempla la posibilidad de revocación anticipada por decisión judicial, pero críticos sostienen que imponer una pena económica educativa es una medida punitiva que no aborda causas subyacentes como la salud mental. Diputados y senadores debatirán en particular cómo aplicar la norma y si se debe acompañar de programas de reinserción o evaluación psicológica.
División política y votos
La aprobación en general en la Sala obtuvo 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones; los rechazos provinieron de la senadora Fabiola Campillai y de miembros del PC y Frente Amplio como Daniel Núñez, Claudia Pascual, Karol Cariola, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez. Senadores como Rojo Edwards, Cristián Vial y Gustavo Sanhueza defendieron la iniciativa argumentando que la autoridad y la seguridad son condiciones para la educación, mientras voces opositoras calificaron el proyecto de insuficiente para la prevención y señalaron la falta de recursos para su implementación. El senador Arturo Squella (Republicanos) aseguró que la ley no impone medidas intrusivas sino que habilita decisiones según cada proyecto educativo.
La iniciativa nació tras el homicidio de la inspectora María Victoria Reyes, atacada por el estudiante Hernán Meneses Leal en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, y se presenta como respuesta a episodios de violencia extrema en colegios. La Comisión de Educación ya realizó audiencias y tramitó 82 indicaciones del Ejecutivo y parlamentarios, donde surgieron propuestas de limitar revisiones y protocolos de registro; la Superintendencia de Educación figura como posible receptor de denuncias por discriminación en procedimientos. El proyecto de seis artículos combina medidas de control, sanción y autoridad docente, y su avance está marcado por la urgencia legislativa solicitada por La Moneda.
Las principales disputas son sobre el alcance y la forma de las revisiones —si pueden ser masivas o sólo individuales ante motivos fundados— y sobre si la medida de perder la gratuidad es una sanción desproporcionada o un disuasivo necesario. Además existe debate sobre la ausencia de presupuesto y medidas preventivas (salud mental, convivencia) frente al énfasis en control y sanción.
En los próximos días se votarán las indicaciones en particular en el Senado y está prevista la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados; la Comisión de Educación fijó audiencias y una votación de indicaciones que se realizaron entre el 13 y 16 de mayo. Si persiste la urgencia de discusión inmediata, las cámaras deberán despachar el proyecto en plazos acotados, por lo que conviene observar la votación en particular en la Sala del Senado y la inclusión o retiro de las indicaciones aprobadas por los comités. También será clave si la normativa incorpora recursos o programas de apoyo psicosocial para acompañar las medidas coercitivas.