La iniciativa habilita revisiones de mochilas y podría quitar la gratuidad universitaria durante cinco años a condenados.
La Comisión de Educación del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto Escuelas Protegidas, impulsado por el Ejecutivo para enfrentar la violencia en los colegios. El texto, que cursa su segundo trámite constitucional, incorpora la facultad de revisar mochilas “ante motivos fundados” y propone inhabilitar por cinco años el acceso a la gratuidad universitaria para estudiantes condenados por delitos graves cometidos en el recinto escolar. La iniciativa llega tras el homicidio de la inspectora María Victoria Reyes en Calama y busca además reforzar la autoridad docente y prohibir ocultar el rostro en los establecimientos.
El proyecto cambia rutinas escolares y derechos estudiantiles al otorgar poder a sostenedores y directivos para realizar registros en los establecimientos y al añadir condiciones a la gratuidad universitaria. Los parlamentarios acordaron audiencias y previsiones para garantizar protocolos, pero legisladores y organizaciones alertan que el enfoque privilegia el control y las sanciones por sobre la prevención y la salud mental. La Moneda apuró la tramitación con discusión inmediata y una gestión para incorporar la iniciativa entre los anuncios de la cuenta pública presidencial.
El gobierno aceleró la tramitación con una gestión del ministro de la Segpres para adelantar una sesión del Senado y solicitar discusión inmediata, herramienta que obliga a despachar el proyecto en plazos acotados. La jugada oficial busca que la iniciativa llegue como avance legislativo de cara a la cuenta pública del Presidente y sumar un logro visible junto al megaproyecto económico. Fuentes oficialistas aseguraron contar con votos en la Cámara Alta para aprobar la idea de legislar.
La Comisión de Educación acordó realizar audiencias con actores del mundo educacional y fijó plazos breves para votar las indicaciones presentadas. La instancia discutirá más de 80 propuestas de artículo y previó una votación de indicaciones en una sesión programada para el viernes siguiente, con la intención de cerrar el trámite en la Cámara cuanto antes. En la votación en general hubo respaldo transversal pese a reparos sobre el enfoque del texto.
El texto aprobado en particular define que la revisión de mochilas solo procederá ante “motivos fundados, individualizados y verificables” y prohíbe las revisiones sistemáticas basadas en características personales o sociales. Se estableció que una revisión individual debe realizarse por dos adultos del establecimiento, uno del equipo de convivencia escolar, en un lugar privado y con registro escrito del procedimiento. Quedó, sin embargo, fuera la norma que permitía presumir discriminación y denunciar ante la Superintendencia en caso de selección reiterada.
Una de las medidas más controversiales añade a los requisitos de la gratuidad universitaria la ausencia de condena por delitos que atenten contra la vida, la integridad o la infraestructura, cometidos en el establecimiento. La sanción prevista es la inhabilitación del beneficio por cinco años, con posibilidad de revocación anticipada por resolución judicial. El gobierno presenta la norma como un mecanismo disuasivo frente a hechos graves de violencia escolar.
La senadora Yasna Provoste advirtió que el proyecto “se relaciona con una lógica de control y sanción, y no en un enfoque integral de protección de derechos”, argumentando que la experiencia internacional favorece respuestas centradas en la prevención y la salud mental. Provoste valoró, no obstante, la claridad del Ejecutivo al reconocer que el texto no aborda la violencia cotidiana que más afecta a las comunidades escolares.
“se relaciona con una lógica de control y sanción, y no en un enfoque integral de protección de derechos”— Yasna Provoste
Vlado Mirosevic, en tanto, defendió que las escuelas y consejos escolares necesiten autonomía para decidir si aplican estas normas y aseguró que «es necesario entregarles autonomía a las escuelas, a los consejos escolares, a la hora de decidir si aplicarán esta ley o no». Otros senadores oficialistas sostuvo que el proyecto responde a demandas de apoderados y alumnos por mayor seguridad.
“es necesario entregarles autonomía a las escuelas, a los consejos escolares, a la hora de decidir si aplicarán esta ley o no”— Vlado Mirosevic
Las fuentes discrepan sobre el alcance de las revisiones: mientras la mayoría aprobó que solo procedan ante motivos fundados, el senador Cristián Vial objetó que prohibir las revisiones masivas o aleatorias limite la capacidad de las escuelas. También hay choque sobre el enfoque general: el Ejecutivo y oficiales hablan de seguridad y respaldo a docentes, y opositores como Yasna Provoste reclaman un giro hacia la prevención y la salud mental.
El próximo hito son las audiencias fijadas por la comisión y la votación de indicaciones prevista para el viernes, además de la sesión adicional que el gobierno intentó adelantar para incorporar el proyecto en la cuenta pública. Si se mantiene la discusión inmediata, el plazo legislativo será breve y definirá si las observaciones sobre protocolos, no discriminación y enfoque en salud mental quedan incorporadas en la versión final.