Exdirector del SLEP apela y eleva la disputa a la Corte Suprema; el tribunal dijo falta de animus injuriandi.
La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó de forma unánime la solicitud de desafuero contra el expresidente Gabriel Boric por una querella de injurias graves presentada por Daslav Mihovilovic Pérez, exdirector del SLEP Atacama. El tribunal consideró que las conductas atribuidas no alcanzan un estándar de convicción suficiente para privar del fuero al exmandatario. La decisión aborda la frase atribuida a Boric —“qué bueno que echamos al director del SLEP”— y la enmarca como crítica a una gestión, no como una injuria con ánimo de deshonrar. Tras el fallo, Mihovilovic presentó un recurso ante la Corte Suprema para que se revise la resolución.
El fallo de la Primera Sala de Copiapó sostiene que faltó el elemento subjetivo exigido por el artículo 416 del Código Penal —animus injuriandi— y que la expresión del exmandatario se produjo en el contexto del cuestionado aniversario del Servicio Local de Educación de Atacama. Eso deja sin base la formación de causa y mantiene el fuero de Boric, pero al mismo tiempo abre una disputa jurídica sobre el alcance del discurso público de autoridades. La apelación de Mihovilovic busca que la Corte Suprema autorice el desafuero y permita avanzar con la querella por injurias graves con publicidad.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó, en un fallo unánime redactado por la ministra Erika Villegas Pavlich, concluyó que las expresiones del exmandatario no constituyen injurias graves con publicidad porque no se acreditó el ánimo especial de deshonrar a la víctima. Los jueces pusieron el comentario en el marco temporal y factual del aniversario del SLEP Atacama y señalaron que quien emitió la crítica era, en última instancia, la autoridad que debía responder por la gestión cuestionada. Por ello estimaron que no concurren los antecedentes necesarios para privar del fuero de Gabriel Boric y que no procede formar causa penal.
El origen de la querella es la crítica pública que hizo Gabriel Boric tras la difusión de videos del quinto aniversario del SLEP de Atacama, en los que se mostró una celebración que generó controversia. En ese contexto el expresidente dijo, en frases recogidas por la investigación y los recursos, “qué bueno que echamos al director del SLEP”, comentario que la corte interpretó como una censura a la gestión del cargo de confianza y no como una injuria dirigida a menoscabar la honra de la persona. La frase se convirtió en el eje central del debate jurídico sobre el límite entre crítica política y delito.
“qué bueno que echamos al director del SLEP”— Gabriel Boric Font
Daslav Mihovilovic Pérez anunció que apelará el rechazo y presentó un recurso ante la Corte Suprema con el objetivo de que se declare que existen antecedentes suficientes para autorizar la formación de causa contra Boric por injurias graves con publicidad. Mihovilovic aseguró que el fallo interpreta erróneamente las palabras del expresidente y subrayó que no se trata solo de una crítica a una actividad, sino de una afectación directa a su honra. La exautoridad busca que el máximo tribunal revoque la decisión de Copiapó y permita avanzar con la querella.
“Lamento el fallo que interpreta las palabras del expresidente Gabriel Boric, pues, si bien reconoce que no existieron recursos públicos comprometidos, concluye que el exmandatario no tuvo intención de desacreditar a una persona determinada, sino únicamente de cuestionar el desarrollo de una actividad, pese a que en sus palabras ni siquiera mencionó alguna actividad en particular”— Daslav Mihovilovic Pérez
El abogado que representa a Mihovilovic, Raimundo Palamara, criticó con dureza la resolución y advirtió sobre el precedente que, a su juicio, permitiría a una máxima autoridad afectar públicamente la honra de un ciudadano amparándose en la categoría de crítica política. Palamara presentó el requerimiento de desafuero ante la Corte de Copiapó y ahora impulsa la apelación en la Corte Suprema para impugnar la interpretación de los magistrados. En su exposición insistió en que la decisión debilita el Estado de Derecho al no tutelar adecuadamente la dignidad individual frente a declaraciones de altos dirigentes.
“Lo grave de este fallo es el precedente que instala: que la máxima autoridad del país pueda afectar públicamente la honra de un ciudadano, arrastrar su dignidad ante la opinión pública y luego quedar amparada bajo la excusa de una supuesta crítica política o institucional. Eso no fortalece la democracia y debilita nuestro Estado de Derecho”— Raimundo Palamara
Como trasfondo del conflicto, los hechos se remontan al 9 de enero, cuando se realizó el aniversario del SLEP de Atacama; el 11 el ministro de Educación Nicolás Cataldo pidió la renuncia de Mihovilovic y esa dimisión se materializó el 12. El 14 de enero el Ministerio Público abrió una investigación de oficio sobre el financiamiento del evento por posible uso de recursos públicos, investigación que figura en la argumentación del tribunal para contextualizar la crítica. Ese itinerario temporal fue clave para que los jueces centraran la decisión en la naturaleza pública y administrativa del nombramiento impugnado.
Las partes discrepan sobre la naturaleza de las declaraciones: la Corte de Copiapó sostuvo que faltó animus injuriandi y que las expresiones constituyeron una crítica a la gestión en el marco del polémico aniversario, mientras que Mihovilovic y su abogado afirman que las palabras afectaron su honra y que el fallo crea un precedente que permitiría a autoridades eludir responsabilidades por ofensas públicas. Además, la corte reconoció que no se acreditó el uso de recursos públicos, pero ello no calmó la queja por el supuesto daño moral.
El próximo paso procesal es la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso presentado por Mihovilovic: deberá resolver si admite la apelación y, en su caso, si autoriza la formación de causa que permitiría abrir una investigación penal contra el exmandatario. La admisibilidad del recurso marcará si el conflicto se dirime en el máximo tribunal o queda cerrado con el rechazo de Copiapó.