La Corte de Apelaciones de Copiapó desestimó el 12 de mayo la petición de desafuero por injurias; el exdirector Daslav Mihovilovic presentó recurso ante la Corte Suprema el 14 de mayo para revertir la decisión.
01El 12 de mayo de 2026 la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó, por unanimidad, la solicitud de desafuero presentada contra el expresidente Gabriel Boric por un presunto delito de injurias graves con publicidad interpuesta por Daslav Mihovilovic, exdirector del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.
02La Corte fundamentó su decisión señalando que las conductas atribuidas y los antecedentes aportados no alcanzan el estándar de convicción necesario para justificar la existencia del delito ni para privar del fuero al exmandatario. El tribunal consideró que la frase señalada como injuriosa —“qué bueno que echamos al director del SLEP”— debe entenderse en su contexto como una crítica a la gestión de una autoridad de confianza y que no existe el elemento subjetivo (animus injuriandi) exigido por el tipo penal.
03El fallo recordó el contexto que antecedió las declaraciones: la difusión de videos del quinto aniversario del SLEP Atacama —evento que generó polémica por elementos como una limusina— y las gestiones posteriores, entre ellas la solicitud de renuncia hecha por el entonces ministro de Educación Nicolás Cataldo (11 de enero), la renuncia efectuada por Mihovilovic (12 de enero) y el inicio de una indagación del Ministerio Público el 14 de enero para revisar el financiamiento del aniversario.
04Ante ese rechazo, el 14 de mayo de 2026 Daslav Mihovilovic presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema buscando que se deje sin efecto la resolución de Copiapó y que se autorice la formación de causa en contra del expresidente por la querella de injurias graves con publicidad.
05Mihovilovic expresó su rechazo al fallo y afirmó que, aunque la resolución reconoce que no hubo uso de recursos públicos, interpretó erróneamente las palabras del expresidente al entenderlas como una crítica genérica y no como un ataque a su honra. Su defensa sostiene que existen antecedentes suficientes para avanzar con la querella y critica el precedente que, a su juicio, permitiría a la máxima autoridad afectar públicamente la dignidad de un ciudadano amparándose luego en la figura de la crítica política.
06El abogado de Mihovilovic, Raimundo Palamara, calificó el fallo como preocupante por el precedente que establecería: según Palamara, permitiría que la máxima autoridad pública afecte la honra de una persona y quede amparada bajo la etiqueta de crítica institucional, lo que, a su juicio, debilita el Estado de Derecho y exige una revisión por parte de la Corte Suprema.