La extensión evita la posible pérdida de más de 33.000 empleos mientras se corrigen fallas operativas y tecnológicas.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad un proyecto que prorroga por un año los plazos de implementación de la nueva ley de seguridad privada, medida que busca evitar una paralización del sector y la salida masiva de trabajadores ante el inminente vencimiento del plazo original, fijado para el 28 de mayo. El Ejecutivo había advertido que decenas de miles de guardias y vigilantes aún no completan las acreditaciones y renovaciones exigidas por la norma, lo que motivó la presentación de una ley corta para postergar los requisitos y mitigar el riesgo laboral.
El atraso en la habilitación de la plataforma informática central y la limitada capacidad operativa para tomar exámenes concentraron las explicaciones del Ejecutivo y del gremio. La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Quintana Victoria, señaló que muchos trabajadores no alcanzaron a acreditarse y que solo tres de 3.700 empresas lograron subir sus estudios de seguridad; Aldo Vidal, de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, describió un “cuello de botella” en oficinas OS-10 de Carabineros con recursos técnicos insuficientes. En el debate, la ministra Trinidad Steinert defendió la prórroga como un tiempo técnico necesario y advirtió que la extensión no es un “cheque en blanco”.
La decisión parlamentaria aplaza por un año la exigencia de acreditaciones, pero deja pendiente la tramitación final del proyecto y la tarea práctica de consolidar la plataforma informática y ampliar la capacidad de evaluación en Carabineros y el sector privado. El próximo hito observable será la culminación del trámite legislativo y si las autoridades cumplen con las mejoras operativas prometidas antes del nuevo vencimiento.