Bolivia: La Paz cercada, diálogo y presión regional
Bloqueos y marchas llevan cuatro semanas; el gobierno busca recomponer gabinete y abrir mesas mientras crece la tensión internacional.
- 01La capital bajo cerco
- 02Movilización evismo y sindicalismo
- 03Gobierno: reordenamiento y gestos
- 04Tensión regional e internacional
- 05Operativos y judicialización
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La Paz permanece cercada por bloqueos que entraron en su cuarto fin de semana y produjeron desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno médico, mientras sectores sociales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El Gobierno respondió con intentos fallidos de desbloqueo, cambios parciales en su gabinete y la creación de un Consejo Económico y Social para abrir canales de diálogo. Las protestas, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos y columnas afines a Evo Morales, derivaron en enfrentamientos, saqueos y al menos cuatro muertes que el Ejecutivo atribuye a la obstrucción de emergencia. Al mismo tiempo, Washington y varios gobiernos regionales han respaldado públicamente al Ejecutivo, y La Paz elevó el conflicto a la OEA.
La crisis no es solo una sucesión de cortes de ruta: pone en jaque el abastecimiento de la sede administrativa y obliga al Ejecutivo a combinar medidas de contención —puentes aéreos y operativos policiales— con gestos políticos como la rebaja salarial del presidente y la sustitución del ministro de Trabajo. La dinámica mezcla reclamos económicos (salarios, combustible, calidad de la gasolina) con objetivos políticos de sectores que piden la salida de Paz, lo que complica la posibilidad de un acuerdo rápido y aumenta el riesgo de una escalada que podría activar el recurso constitucional del estado de excepción.
La capital bajo cerco
Los cortes que comenzaron en mayo han dejado a La Paz y El Alto con mercados vacíos y hospitales con escasez de insumos críticos; el Ministerio de Salud informó de al menos cuatro muertes por falta de atención debido a los bloqueos. La Defensoría del Pueblo, dirigida por Pedro Callisaya, registró decenas de detenciones y lesionados tras operaciones de desbloqueo que en algunos casos terminaron con el repliegue de policías y militares para evitar un enfrentamiento mayor. El Gobierno habilitó puentes aéreos para llevar alimentos y oxígeno, pero admite que la situación humanitaria sigue siendo grave.
Movilización evismo y sindicalismo
Las marchas que llegaron a la ciudad incluyeron columnas afines al expresidente Evo Morales y a la Federación Túpac Katari, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene la huelga indefinida con liderazgos como el del minero Mario Argollo. Dirigentes campesinos como Vicente Salazar han condicionado su participación en mesas de negociación a garantías judiciales para los suyos, y sectores radicales amenazan con ‘‘convulsión social’’ si Paz no renuncia o convoca elecciones en 90 días, según voceros de las organizaciones movilizadas.
Gobierno: reordenamiento y gestos
El presidente Rodrigo Paz anunció una reordenación del gabinete, la creación de un Consejo Económico y Social y la reducción de su salario y el de los ministros al 50% para mostrar respaldo social. Paz removió al ministro de Trabajo Edgar Morales y nombró a Williams Bascopé, un abogado de origen aimara, en un intento por abrir canales con los sectores obreros; el vocero presidencial José Luis Gálvez remarcó la disposición al diálogo, aunque descartó negociar con lo que llamó ‘‘vándalos’’. El Ejecutivo insiste en que no habrá privatizaciones y busca acuerdos puntuales con maestros y mineros.
Tensión regional e internacional
La crisis escaló diplomáticamente: Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia tras declaraciones del presidente Gustavo Petro, mientras Estados Unidos y varios aliados expresaron respaldo inequívoco a Paz. El vicesecretario Christopher Landau y el secretario de Estado Marco Rubio calificaron las movilizaciones como un intento de desestabilización; el canciller Fernando Aramayo llevó la denuncia a la OEA y pidió acompañamiento hemisférico para preservar la institucionalidad.
Operativos y judicialización
Los intentos de abrir corredores humanitarios incluyeron operativos policiales y militares que terminaron enfrentamientos, detenciones y, según el ministro de Obras Públicas Mauricio Zamora, emboscadas contra caravanas de desbloqueo. La Fiscalía emitió órdenes contra dirigentes como Mario Argollo —acusado de instigación y terrorismo—, pero un tribunal anuló finalmente las órdenes de captura contra Argollo y Vicente Salazar, decisión que los sectores movilizados exigían como condición para sentarse a dialogar.
La protesta se alimenta de una crisis económica previa: inflación alta, escasez de divisas y la eliminación parcial de subsidios a los combustibles que disparó costos y denuncias por gasolina de mala calidad. Analistas como Huáscar Pacheco y Vladimir Peña han señalado que, además de errores de gestión del Ejecutivo, la fragmentación política tras la derrota del MAS dejó a Paz sin una base parlamentaria sólida; el ministro de Economía José Gabriel Espinoza advierte del impacto económico de los bloqueos mientras el Gobierno negocia créditos y ayudas internacionales.
El Gobierno acusa a Evo Morales y a redes vinculadas al crimen organizado de instrumentalizar las protestas; Morales niega responsabilidad y califica las movilizaciones como una ‘‘rebelión’’ contra medidas neoliberales. También hay discrepancias sobre víctimas y uso de la fuerza: las autoridades hablan de muertes por bloqueo de ambulancias, mientras organizaciones sociales y defensores piden investigación independiente sobre las detenciones y los operativos.
A corto plazo hay varios hitos a observar: la sesión del Consejo Económico y Social convocada por Paz (se iba a reunir durante un fin de semana tras el anuncio presidencial), la decisión de la Central Obrera Boliviana sobre aceptar o no el diálogo tras la anulación de órdenes de captura, y la votación en la Cámara de Diputados sobre la norma que deja sin restricciones la eventual declaración de estado de excepción, trámite que puede cambiar el margen de maniobra del Ejecutivo. También será clave verificar si los puentes aéreos y la ayuda internacional normalizan suministros en La Paz y El Alto.