Cerca de 1.300–1.700 enmiendas, respuesta del gobierno con indicaciones sustitutivas y críticas de la oposición y oficialismo por dilación y falta de debate
01La tramitación del megaproyecto de Reconstrucción Nacional ingresado por el Gobierno de José Antonio Kast se ha visto marcada por un enorme volumen de enmiendas: distintos recuentos hablan de alrededor de 1.300 a 1.700 indicaciones presentadas por parlamentarios, fenómeno calificado por actores políticos y medios como un “tsunami” legislativo que obligó a jornadas maratónicas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
02Ante ese volumen, el Ejecutivo puso en marcha un plan defensivo consistente en presentar un paquete de indicaciones sustitutivas: si esas indicaciones sustitutivas son aprobadas, muchas de las enmiendas opositoras quedarían automáticamente rechazadas, medida que busca evitar demoras en la tramitación pero que ha aumentado la polémica política.
03Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior Claudio Alvarado atribuyó la masiva ofensiva de indicaciones a una “acción deliberada, dilatoria”, afirmando que muchas corresponderían a observaciones de forma y no al fondo del proyecto; insistió en que los plazos de tramitación se mantendrán y que, si es necesario, la comisión deberá sesionar intensamente para cumplir con las urgencias establecidas.
04En el bloque opositor también hay críticas internas y matices: la diputada DC Priscilla Castillo dijo que la finalidad del gran número de indicaciones “más bien es entorpecer” la tramitación, sostuvo que la iniciativa requería análisis por sus múltiples áreas y advirtió que, de haberse centrado solo en reconstrucción, habría contado con apoyo transversal; además reiteró reparos fiscales a la reforma, citando al Consejo Fiscal Autónomo.
05Desde la bancada socialista, el jefe de bancada Raúl Leiva criticó con dureza la respuesta del Ejecutivo: calificó como un “fraude constitucional” la estrategia de presentar indicaciones sustitutivas que, según él, buscan evadir el debate y repetir tácticas de obstruccionismo que el Gobierno había cuestionado en otros actores, reclamando que la Presidencia y el Ministerio de Hacienda mantengan un estándar de conducta superior.
06El choque de interpretaciones incluye además un debate sobre herramientas del Ejecutivo: en la discusión apareció la crítica a la eventual utilización de facultades de decreto por parte del Ministerio de Hacienda, lo que fue calificado por algunos parlamentarios como una ‘pachotada’ y una señal de que el Gobierno debería privilegiar el diálogo legislativo y la búsqueda de mayorías.
07A la fecha (actualizado al 13 de mayo de 2026), la tramitación continúa con intensa tensión: la Comisión de Hacienda ha debido trabajar maratonicamente para procesar las indicaciones, y la presidencia de la comisión tendrá que organizar las sesiones necesarias para cumplir los plazos legales; en paralelo, persiste la disputa política sobre si la estrategia masiva de indicaciones busca legítimamente mejorar el proyecto o simplemente dilatar su avance, y sobre si la respuesta del Ejecutivo respeta o no el espíritu del debate democrático.