La parlamentaria presentó una denuncia en la Brigada del Cibercrimen; el Presidente Kast condenó la violencia y la U. evalúa medidas.
La diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano) presentó el 29 de mayo una denuncia en la Brigada del Cibercrimen de la PDI tras recibir amenazas de muerte por redes sociales que, dijo, aludían al asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Las intimidaciones comenzaron después de que confirmara su participación en un foro sobre liderazgo estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Durante la actividad, la parlamentaria denunció una "funa": pancartas, gritos y, según su relato, escupitajos, chorros de agua y empujones a la salida. Rodríguez aseguró que mantendrá su agenda de charlas pese a las agresiones.
El caso cruza la seguridad de un parlamentario, la libertad de cátedra en recintos universitarios y la investigación penal sobre amenazas digitales, por lo que dejó de ser un incidente aislado. La PDI asumió la recepción de la denuncia y el Ejecutivo —con el propio presidente José Antonio Kast— salió a condenar la violencia. En juego están decisiones sobre cómo las universidades resguardan debates y la respuesta de las autoridades frente a amenazas que llegan vía redes. El episodio alimenta además la polarización política sobre el papel de las casas de estudio.
La diputada Javiera Rodríguez acudió personalmente a la Brigada del Cibercrimen de la PDI para interponer una denuncia por las amenazas recibidas en sus cuentas. En su presentación vinculó los mensajes a su asistencia al foro en la Facultad de Derecho y advirtió sobre referencias al caso del activista estadounidense Charlie Kirk, abatido en 2025 durante una charla pública. La parlamentaria dijo que espera que la investigación permita identificar a los responsables detrás de las cuentas que enviaron las amenazas.
““Me encuentro, lamentablemente, en la Policía de Investigaciones para hacer una denuncia por amenazas de muerte. Este viernes haré una charla en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, sobre el liderazgo estudiantil universitario. Y entre todos los comentarios recibí una amenaza de muerte haciendo alusión a Charlie Kirk, quien fue un activista estadounidense que murió a plena luz del día por dar una conferencia defendiendo las ideas de la libertad””— Javiera Rodríguez
La charla, identificada por la congresista como "Experiencias Universitarias: Una Mirada del Liderazgo de Derecha" o sobre liderazgo estudiantil, se desarrolló con protesta estudiantil en la sala. Testimonios y registros difundidos por la propia diputada muestran pancartas, gritos y, según su relato, agresiones físicas menores al término de la actividad, como chorros de agua y escupitajos. Estudiantes que participaron en la protesta no aparecen nombrados en las coberturas, que se centraron en la denuncia y en la reacción de la diputada.
El Partido Republicano emitió un comunicado para condenar "categóricamente" las agresiones y exigir medidas contra quienes intenten silenciar por la fuerza. En su declaración pidió a las autoridades universitarias tomar acciones para que hechos similares no se repitan y defendió el debate como mecanismo democrático. La fuerza política planteó además un llamado a la comunidad académica a proteger la libertad de expresión dentro de los recintos de estudio.
“"condenamos categóricamente los hechos de violencia sufridos hoy por la diputada Javiera Rodríguez, quien fue invitada a participar en una actividad en la Universidad de Chile"”— Partido Republicano
El presidente José Antonio Kast se sumó a las condenas y recurrió a sus redes sociales para respaldar a la diputada, subrayando que "la violencia no puede ser un método de acción política". Su intervención llevó el episodio al plano nacional y puso el foco en la responsabilidad de las universidades como espacios de debate, no de intolerancia. El pronunciamiento presidencial intensifica la discusión sobre cómo se resguardan las actividades públicas en campus con alta polarización política.
““La violencia no puede ser un método de acción política ni las universidades un reducto de odio e intolerancia””— José Antonio Kast
La PDI, a través de su Brigada del Cibercrimen, quedó a cargo de las primeras diligencias para rastrear el origen de las cuentas que enviaron las amenazas y determinar si existen delitos penales. Las coberturas señalan que la investigación buscará vincular mensajes digitales con autores materiales y evaluar responsabilidades, en coordinación con la fiscalía si procede. En paralelo, la Universidad de Chile enfrenta la presión para revisar protocolos de seguridad en actividades públicas.
En los próximos días la PDI deberá informar sobre las diligencias iniciales y si identifica responsables o nexos penales; la Fiscalía podría sumarse a la investigación. La Universidad de Chile y autoridades estudiantiles tienen pendiente decidir eventuales sanciones internas o medidas de seguridad para futuras actividades públicas. La atención pública se centrará en si las pesquisas digitales permiten atribuir las amenazas y en cómo las casas de estudio equilibran seguridad y libertad de expresión.