Derecha, seguridad y la influencia de EE. UU. en América Latina
De Brasil a Colombia, la agenda de seguridad reconfigura elecciones y presiona gobiernos hoy.
- 01Brasil y la etiqueta estadounidense
- 02Colombia: polarización y segunda vuelta
- 03Violencia armada y drones
- 04Choques locales y desbordes
- 05La influencia de Washington
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
En menos de dos semanas la región vivió hechos que confluyen en un mismo eje: la seguridad como motor político. Washington declaró a dos poderosas bandas brasileñas como organizaciones terroristas justo tras la visita de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos; en Colombia la primera vuelta dejó a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda en un ajustado balotaje; y episodios de violencia —desde ataques con drones hasta masacres— siguen marcando la campaña. Los actores políticos capitalizan el miedo y la puntería de las políticas de seguridad de la administración Trump tensiona la diplomacia regional. Todo eso redefine ofertas electorales y el margen de maniobra de presidentes en ejercicio.
La etiqueta de “terrorista” aplicada por Estados Unidos a grupos brasileños y la emergencia de candidatos que prometen mano dura en Colombia muestran una misma dinámica: la securitización como herramienta electoral. En Brasil, la decisión refuerza la narrativa de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva; en Colombia, la votación convirtió la inseguridad en tema definitorio que benefició a Abelardo de la Espriella. Mientras tanto, la proliferación de ataques —drones, asesinatos políticos y choques territoriales indígenas— presiona a gobiernos y a observadores internacionales a medir el costo político y humanitario de una respuesta militarizada.
Brasil y la etiqueta estadounidense
La administración de Donald Trump decidió clasificar a Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas extranjeras tras la visita a Washington del senador Flávio Bolsonaro, quien buscaba extender ese estatus. Flávio Bolsonaro puso el tema en clave doméstica para consolidar una imagen dura en seguridad de cara a la elección de octubre, mientras Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la intervención y pidió respeto a la soberanía brasileña. Brian Winter, editor de Americas Quarterly, consideró que la medida tiene un fuerte componente político, y Carolina Grillo, profesora de sociología en la Fluminense Federal University, advirtió que las rutas del narcotráfico que afectan a EE. UU. no pasan primordialmente por Brasil.
Colombia: polarización y segunda vuelta
Las elecciones del 31 de mayo dejaron a Abelardo de la Espriella, un abogado que propone emular el 'modelo Bukele' y mano dura, frente a Iván Cepeda, heredero político de Gustavo Petro y defensor de la negociación con grupos armados. De la Espriella obtuvo cerca del 44% y Cepeda alrededor del 41%, según resultados provisionales, y la campaña entró de inmediato en una fase tensa: Cepeda pidió debates y la campaña de Petro cuestionó datos preliminares. Miroslav Jenca, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, llamó a mantener la calma y a dirimir las diferencias por vías institucionales de cara al balotaje del 21 de junio.
Violencia armada y drones
Los ataques con drones y las ofensivas de grupos disidentes volvieron a exhibir la fragilidad de territorios rurales y urbanos: las autoridades registraron un salto en incidentes con drones entre 2024 y 2025 y poblaciones como las de Jamundí reaccionan con temor a la hora de votar. Guillermo Londoño, funcionario de seguridad en Valle del Cauca, describió la táctica de ‘ataques en enjambre’ como una evolución que complica la protección civil. Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group, alertó que una escalada de represión podría generar una respuesta violenta de los grupos armados y empeorar la situación de seguridad.
Choques locales y desbordes
En el suroeste colombiano, un enfrentamiento territorial entre los pueblos indígenas Misak y Nasa dejó al menos siete muertos, lo que obligó al despliegue de más de 500 soldados para prevenir la escalada, informó el ministro de Defensa Pedro Sánchez. En paralelo, la violencia no respeta fronteras: en Honduras, ataques coordinados mataron a civiles y a seis policías en la misma semana, subrayando la interconexión entre disputas por tierra, recursos y rutas del narcotráfico. Las autoridades estatales recurren a fuerzas militares y operativos especiales, pero las agencias de derechos humanos piden investigaciones y control judicial de los abusos.
La influencia de Washington
La administración de Donald Trump ha mostrado una estrategia activa en la región: el Departamento de Estado respaldó el proceso electoral colombiano y, al mismo tiempo, las designaciones contra bandas brasileñas refuerzan aliados políticos que promueven agendas de seguridad duras. Gustavo Petro llevó el conflicto diplomático al pedir una carta de protesta por la muerte de un colombiano bajo custodia de ICE, evidenciando la tensión bilateral. La percepción de apoyo estadounidense a líderes ‘mano dura’ reconfigura alianzas y obliga a gobiernos a calibrar respuestas internas y externas.
La región arrastra procesos largos: el Acuerdo de Paz con las FARC firmado en 2016 dejó grupos disidentes que nunca se desmovilizaron y creó espacios donde operan bandas y milicias; la iniciativa de 'paz total' de Gustavo Petro buscó negociar con esos grupos pero registró retrocesos y un aumento de la violencia en varios frentes. Al mismo tiempo, el llamado 'modelo Bukele' y la popularidad de respuestas punitivas han incentivado a candidatos como Abelardo de la Espriella a prometer mano dura, según análisis de Renata Segura del International Crisis Group y observadores académicos. En Brasil, la lista de organizaciones terroristas de EE. UU. incluye ya a otros cárteles latinoamericanos, y la novedad es la incorporación de grupos que no operan en territorio estadounidense, un cambio con implicancias diplomáticas.
Hay dos principales disputas: el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la caracterización estadounidense de PCC y CV como 'terroristas', mientras que Washington sostiene que su lista es coherente con su política exterior; y en Colombia el presidente saliente Gustavo Petro puso en duda el preconteo electoral, aunque la Registraduría y observadores internacionales validaron el proceso.
El calendario inmediato marca la segunda vuelta en Colombia el 21 de junio, fecha clave para medir si la apuesta de mano dura supera la continuidad del 'pacto histórico'. En Brasil, se espera que el gobierno y la Fiscalía respondan a la designación estadounidense con acciones judiciales y diplomáticas en las próximas semanas. Además, las investigaciones sobre ataques con drones y masacres locales siguen abiertas y harán públicas nuevas cifras y detenciones que condicionarán la discusión pública sobre seguridad.