El Gobierno de Péter Magyar anula la salida de la CPI, abre investigaciones y exhibe el lujo del régimen saliente.
El Parlamento húngaro aprobó una ley que detiene la salida de Hungría de la Corte Penal Internacional (CPI) y confirma la decisión del nuevo Ejecutivo de Péter Magyar. La medida, votada el 27 de mayo, cumplió el paso formal que debía concretarse antes del 2 de junio para bloquear la renuncia iniciada por el gobierno de Viktor Orbán. Al mismo tiempo, el Gobierno empezó a crear comisiones investigadoras sobre presuntas irregularidades de la década anterior y divulgó videos que muestran el lujo en sedes oficiales. Las acciones marcan un giro abrupto tras 16 años de dominio político de Orbán.
El nuevo gabinete de centro-derecha Tisza, con mayoría cualificada en el Parlamento, usa su poder para revertir decisiones claves de la era Orbán y para abrir investigaciones sobre presunta corrupción y abusos de poder. Las medidas tocan ámbitos internos y externos: desde la pertenencia a tribunales internacionales hasta la política hacia Rusia y la transparencia sobre el gasto público. Ese conjunto de pasos redefine la posición de Hungría dentro de la Unión Europea y plantea un proceso de rendición de cuentas sin precedentes en las últimas décadas.
El Parlamento aprobó mediante procedimiento de urgencia una ley que paraliza la retirada de Hungría de la Corte Penal Internacional, revertiendo el proceso iniciado por el Ejecutivo de Viktor Orbán. La norma siguió la resolución que el Gobierno de Péter Magyar publicó el 22 de mayo y era necesaria para impedir que la salida se formalizara el 2 de junio. La votación mostró la capacidad de la nueva mayoría para cerrar capítulos jurídicos abiertos por la administración anterior.
Magyar anunció la creación de seis comisiones parlamentarias para investigar supuestos casos de corrupción y abusos de poder durante los 16 años de gobierno de Orbán, incluyendo investigaciones sobre fondos del Banco Nacional. El primer ministro defendió que esas pesquisas sacarán a la luz quién se benefició de contratos y recursos públicos. También presentó reformas constitucionales para limitar mandatos y disolver oficinas creadas por la administración previa.
““We will put all corruption and abuses of power on full display,””— Péter Magyar
Como gesto simbólico y político, el Ejecutivo publicó videos de recorridos por la residencia oficial de Orbán y sedes ministeriales que muestran mobiliario y espacios de gran ostentación. Las imágenes, difundidas por las cuentas oficiales del gobierno, desencadenaron indignación y una sensación de reparación entre sectores críticos del antiguo régimen. El nuevo gabinete celebró estos actos como parte de una "limpieza" simbólica del aparato estatal.
En política exterior, el Gobierno condenó los ataques con drones rusos contra localidades de Transcarpatia y convocó al embajador de Rusia en Budapest para solicitar explicaciones, una protesta inusual desde 2022. La ministra de Exteriores, Anita Orbán, actuó como responsable de la convocatoria diplomática mientras el primer ministro destacó la necesidad de proteger a las comunidades húngaras en el extranjero. La medida marca un distanciamiento práctico respecto de la política exterior que caracterizó a la administración anterior.
El gabinete ha prometido también cambios institucionales amplios, como la creación de una agencia anticorrupción independiente, la reducción de salarios de altos cargos y la disolución de la Oficina de Protección de la Soberanía. El ministro de Gabinete Bálint Ruff participó en el diseño de esas iniciativas y anunció investigaciones exhaustivas sobre el gasto estatal. Esos pasos buscan restaurar prácticas administrativas y fiscales más cercanas a las normas de la UE.
En las próximas semanas el Parlamento debe aprobar las enmiendas constitucionales y formalizar la constitución de las comisiones investigadoras, cuyos primeros citados y audiencias serán el siguiente hito visible. También queda por ver la reacción diplomática de Moscú tras la convocatoria del embajador y si las pesquisas sobre fondos estatales derivan en cargos formales.