La eliminación de la partida complica intentos republicanos de usar fondos de seguridad para financiar la controvertida obra.
El Senado de Estados Unidos eliminó una partida de aproximadamente 400 millones de dólares que podría haberse destinado al nuevo salón de baile de la Casa Blanca, revés directo a los esfuerzos republicanos por encubrir el gasto con rubros de seguridad. La decisión ocurre mientras la obra, que sustituye al Ala Este demolida, avanza y el presidente Donald Trump la presenta como financiada por donantes privados. Trump afirmó además que la inauguración está prevista para septiembre de 2028. La medida deja abierto el debate sobre quién pagará finalmente el proyecto.
La discusión trasciende el costo: confronta la pretensión de usar partidas de seguridad —vinculadas a la protección del recinto y el Servicio Secreto— con la promesa de Trump de que el salón será un “regalo” pagado con fondos privados. Demócratas y parte de la opinión pública cuestionan la demolición del patrimonio y el aumento del presupuesto, mientras que los republicanos buscan instrumentos legislativos y procedimentales para canalizar recursos. El resultado del pulso definirá si el proyecto queda sujeto a supervisión pública o se sostiene en donaciones.
El pleno del Senado retiró la enmienda que habría liberado alrededor de 400 millones de dólares de partidas de seguridad que, según los legisladores republicanos, estaban justificadas por la necesidad de proteger las nuevas instalaciones. La maniobra parlamentaria deja sin la vía fácil para que el proyecto reciba fondos federales bajo el rótulo de seguridad, al menos en esta votación. El bloqueo fue celebrado de inmediato por filas demócratas.
Chuck Schumer, líder de los demócratas en la Cámara alta, calificó la iniciativa republicana como un intento de hacer pagar a los contribuyentes la construcción «de un palacio dorado de Trump» y prometió resistir por «todos los medios» mediante procedimientos y votaciones. Su intervención consolidó la oposición que llevó a la eliminación de la partida en la votación reciente.
“los republicanos intentaron hacer que los contribuyentes sufragaran los gastos del salón de baile multimillonario de Trump”— Chuck Schumer
En paralelo, el presidente Trump ofreció un recorrido por las obras y reiteró que el edificio será pagado con su dinero y donaciones privadas, describiéndolo como un «regalo» para Estados Unidos y anunciando una inauguración prevista para septiembre de 2028. El mandatario defendió además elementos de diseño inspirados en arquitecturas clásicas y dijo que la instalación tendrá capacidad para cerca de mil personas.
“Todo esto fue pagado por mí mismo”— Donald Trump
El origen del conflicto pasa por la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, que motivó en marzo una orden judicial para detener las obras; semanas después, una corte federal de apelaciones suspendió ese bloqueo y permitió la reanudación de los trabajos. El pulso legal sobre permisos y protección del patrimonio sigue siendo un factor que condiciona plazos y controles sobre la construcción.
Críticos advierten sobre el impacto patrimonial y estético del nuevo volumen —acusado de romper el equilibrio del complejo— y sobre la escalada de costos: el proyecto pasó de un presupuesto inicial de 200 millones a exigencias que rozan los 400 millones. Al mismo tiempo, legisladores republicanos impulsaron una asignación mayor para el Servicio Secreto y la seguridad, propuesta que no prosperó en la reciente votación.
Las fuentes discrepan sobre la financiación: Trump sostiene que el proyecto será costeado por él y donantes privados, mientras que republicanos buscaron partidas de seguridad y demócratas acusan a esos intentos de convertir a los contribuyentes en financiadores. También hay diferencias sobre cifras: el presupuesto inicial de 200 millones se ha citado frente a estimaciones actuales de unos 400 millones y a propuestas de hasta 1.000 millones para seguridad.
El próximo hito será la nueva ronda congresal sobre partidas de seguridad y cualquier recurso legal que vuelva a someter la obra a pausa; paralelamente, habrá que observar si el gobierno publica documentación de donaciones que respalde la versión de financiamiento privado. La fecha señalada de inauguración —septiembre de 2028— ofrece un calendario público frente al que se medirán futuras resoluciones legislativas y judiciales.