La indicación genera choque por privacidad y acceso a salud; el Ejecutivo promete aclarar y ajustar el texto en las próximas semanas.
El Gobierno ingresó una indicación al proyecto que perfecciona las expulsiones administrativas para obligar a órganos del Estado, instituciones previsionales y establecimientos de salud y educación —públicos y privados— a entregar antecedentes de extranjeros sujetos a trámites migratorios, incluyendo domicilio, teléfono y correo electrónico. La propuesta fue presentada ante la comisión de Gobierno del Senado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, y recibió el apoyo público del Presidente José Antonio Kast, quien afirmó que el Estado debe “saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”.
La iniciativa provocó críticas internas y externas por el riesgo de vulnerar la confidencialidad sanitaria y desalentar la búsqueda de atención: la ministra de Salud, May Chomali, dijo que observan la medida “con bastante preocupación” y recordó que la información entregada en el contexto de una atención está resguardada por el Código Sanitario y la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Pavez respondió que hubo “mala comprensión” y que la indicación busca que Migraciones o la PDI puedan obtener antecedentes acotados para ejecutar procedimientos, mientras que Kast matizó su apoyo señalando que nadie perderá atención de urgencia y propuso alternativas, como restablecer presencia policial en servicios de salud para identificar a quienes no se identifiquen.
Frente a la controversia, el Ejecutivo anunció que aclarará y revisará la redacción si hay dudas para no contravenir garantías legales, y adelantó que en las próximas semanas presentará otras normas para “ordenar” la migración. Queda por ver cómo se ajustará el texto en la tramitación parlamentaria y si el Gobierno adoptará las medidas alternativas sugeridas para compatibilizar control migratorio, confidencialidad y acceso a servicios básicos.