Choque diplomático entre Colombia y Bolivia
Las declaraciones de Petro sobre protestas en Bolivia derivaron en expulsiones recíprocas y tensiones que sacuden la región hoy.
- 01El choque diplomático
- 02Las palabras de Petro
- 03Respuesta boliviana oficial
- 04Tensión regional y comercio
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
Las críticas del presidente colombiano Gustavo Petro a las protestas en Bolivia —a las que llamó “insurrección popular”— desencadenaron una respuesta diplomática de La Paz: la expulsión de la embajadora colombiana Elizabeth García. Bogotá respondió por reciprocidad declarando concluida la misión del encargado de la embajada boliviana en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en medio de un contexto de bloqueos, escasez y llamados al diálogo en Bolivia. El intercambio agravó fricciones regionales ya tensionadas por la guerra comercial entre Colombia y Ecuador y por las acusaciones cruzadas sobre seguridad fronteriza. Al mismo tiempo, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara colombiana abrió una indagación a Petro por su conducta en el proceso electoral.
La disputa expone dos tensiones paralelas: la fragilidad institucional y social en Bolivia, donde sindicatos y organizaciones campesinas mantienen bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz; y el límite de la diplomacia regional frente a intervenciones públicas de mandataries. La escalada puede afectar canales de diálogo necesarios para resolver la crisis interna boliviana y complica la capacidad de mediación en la región, en un momento en que la Comunidad Andina y otros actores observan conflictos comerciales y de seguridad entre gobiernos vecinos.
El choque diplomático
La Paz anunció el 20 de mayo la solicitud de conclusión de funciones de Elizabeth García, embajadora de Colombia, por considerarla agente de «injerencia» tras los pronunciamientos de Gustavo Petro sobre las movilizaciones que exigen la renuncia de Rodrigo Paz. El Ejecutivo boliviano señaló que la medida no equivalía a una ruptura de relaciones, pero explicó que respondía a la necesidad de preservar soberanía y no intervención. Bogotá replicó el 21 de mayo declarándose por reciprocidad la conclusión de funciones de Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de la embajada boliviana en Colombia.
Las palabras de Petro
Gustavo Petro defendió públicamente que Bolivia vive una «insurrección popular» y ofreció la disposición de su Gobierno «si es invitado» a mediar para una salida pacífica; luego dijo que el país corre riesgo de «extremismos» tras la expulsión de su embajadora. Sus declaraciones motivaron reproches de cancillerías y hoy también desencadenan una investigación de oficio en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuya presidenta, Gloria Elena Arizabaleta, justificó la indagación por «últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales» del presidente.
Respuesta boliviana oficial
El presidente boliviano Rodrigo Paz calificó las afirmaciones de Petro como un «ataque a la democracia» y su Gobierno, a través del canciller Fernando Aramayo, acusó al mandatario colombiano de actuar como «cómplice» del expresidente Evo Morales por sus posicionamientos. La Cancillería boliviana pidió respeto al principio de no injerencia y afirmó que los conflictos deben resolverse «dentro del marco constitucional» mediante diálogo entre bolivianos, mientras sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana y agrupaciones afines a Morales mantienen bloqueos y protestas en La Paz y El Alto.
Tensión regional y comercio
El episodio ocurre en un momento de fricciones latentes: la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador —promovida por Daniel Noboa— sigue en trámite ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, que recibió recursos de reconsideración y reclamos de ambos gobiernos. Además, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, afirmó que las protestas en Bolivia evidencian un «golpe de Estado en marcha», una lectura que suma otra dimensión internacional al conflicto y complica la posibilidad de mediaciones externas.
Las movilizaciones en Bolivia se intensificaron a principios de mayo por reclamos salariales, el alza de la inflación y el rechazo a un paquete de reformas económicas impulsado por el Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió hace seis meses. Organizaciones como la Federación de Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’ y la Central Obrera Boliviana articularon bloqueos que afectaron el suministro de combustible y oxígeno, lo que llevó a operaciones conjuntas de policías y fuerzas armadas para habilitar corredores humanitarios y, posteriormente, a la convocatoria del Ejecutivo al diálogo. A la crisis interna se suman los actores regionales: Evo Morales movilizó adherentes hacia El Alto y Daniel Noboa intensificó su pulso comercial con Colombia.
Petro y algunos actores externos describen la situación en Bolivia como una «insurrección» y alertan sobre muertes en las calles; el Gobierno de Rodrigo Paz y la Cancillería rechazan esas afirmaciones, denuncian injerencia y califican como falsas las denuncias de asesinatos masivos.
A corto plazo, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara colombiana seguirá el trámite abierto contra Petro, cuyo avance podrá condicionar su margen político durante la campaña y la primera vuelta electoral mencionada por la comisión. En Bolivia, habrá que observar si las mesas de diálogo convocadas logran la presencia de los principales sectores campesinos y vecinales o si las protestas se intensifican; la Comunidad Andina continuará tramitando los recursos de Colombia y Ecuador sobre aranceles, lo que puede afectar el comercio regional en las próximas semanas.