Revisión de más de 913 millones de registros halló posibles irregularidades y pagos postergados que generan un riesgo fiscal inmediato.
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal presentó en La Moneda su tercer informe preliminar sobre el periodo 2022-2026, y la subsecretaria Constanza Castillo informó que la revisión de 913.010.154 registros en más de 500 servicios elevó alertas que involucran recursos por US$9.200 millones. Castillo aclaró que las señales detectadas no implican necesariamente fraude y que van desde errores e inconsistencias hasta eventuales irregularidades de carácter penal.
El Ejecutivo señaló que uno de los mayores focos es la postergación de pagos por US$3.200 millones de 2025 a 2026 —cerca del 1% del PIB—, con deudas apuntando a proveedores de salud (hasta US$1.000 millones), Junaeb (US$650 millones), gratuidad universitaria (US$400 millones) y aproximadamente 9.986 pymes por US$268 millones. Además, se detectaron compras por trato directo o compra ágil por unos US$3.170 millones y concentración de esas prácticas en organismos como Cenabast, Registro Civil, Junaeb y servicios hospitalarios; en Junaeb el comité aludió a posibles fraudes en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar.
Como siguiente paso, el gobierno instruyó indagatorias y auditorías particulares en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Ministerio de la Mujer y Prodemu, la Subsecretaría de Transportes y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID); si las auditorías confirman hallazgos relevantes, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado o al Ministerio Público, y el público quedará a la espera de los resultados formales de esas investigaciones.