Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra
La Audiencia Nacional le imputa liderazgo de una red que habría canalizado casi €2 millones tras el rescate a Plus Ultra.
- 01El auto del juez
- 02Los pagos y la red
- 03Registros y medidas cautelares
- 04El choque político
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La Audiencia Nacional citó a declarar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que indaga el rescate público de Plus Ultra. El juez José Luis Calama sitúa a Zapatero en el "vértice" de una trama que, según la instrucción, habría obtenido alrededor de 1,9‑2 millones de euros mediante pagos a empresas vinculadas a su entorno. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicó registros en su despacho y en sociedades relacionadas, y el magistrado ordenó el bloqueo de 490.780 euros de sus cuentas. Zapatero niega cualquier gestión ante la Administración y se presenta dispuesto a declarar el 2 de junio acompañado de su abogado.
La imputación de un exmandatario por primera vez en la democracia española convierte la investigación sobre el préstamo de €53 millones a Plus Ultra en una causa política y judicial de máxima sensibilidad. El auto del juez Calama y los informes de la UDEF vinculan pagos a sociedades como Análisis Relevante y WhatTheFav —propiedad de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa— con la tramitación del rescate, mientras la SEPI es señalada por aportar documentación incompleta. El caso reabre preguntas sobre controles en fondos de emergencia y las posibles conexiones con operaciones financieras vinculadas a Venezuela.
El auto del juez
El magistrado José Luis Calama sitúa a Zapatero como líder de una "trama organizada" cuyo objetivo habría sido obtener beneficios económicos a través de influencias ante instancias públicas para favorecer a Plus Ultra. El auto detalla transferencias por cerca de 1,9 millones de euros dirigidas a empresas como Análisis Relevante, Gate Center y Thinking Heads, y apunta a indicios de blanqueo mediante sociedades instrumentales en jurisdicciones opacas. Calama atribuye asimismo a Zapatero intervención directa en operaciones internacionales de alto valor y remite comunicaciones que conectan a la red con Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos.
Los pagos y la red
La UDEF sitúa a Zapatero y a la sociedad de sus hijas, WhatTheFav, como beneficiarios finales de fondos que, según la policía, circularon desde Análisis Relevante —vinculada a Julio Martínez Martínez— y otras consultoras. Informes policiales recogen conversaciones internas de Plus Ultra que aludirían a presiones para agilizar el préstamo y a la elaboración de una "carta de intención" que canalizaba contactos hacia Zapatero; también aparecen referencias a operaciones en Venezuela y a posibles comisiones. La Fiscalía Anticorrupción reabrió la causa en 2024 al detectar indicios de blanqueo con origen en presuntas irregularidades venezolanas.
Registros y medidas cautelares
La operación policial bautizada "Tíbet" incluyó registros en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz, en la empresa de sus hijas y en otras sociedades relacionadas, donde se incautaron documentación, material informático y agendas. El juez acordó el bloqueo de 490.780 euros detectados en la cuenta conjunta del expresidente y su mujer —cantidad que la investigación atribuye a pagos de Análisis Relevante— y ordenó la formación de piezas separadas para asegurar responsabilidad civil futura. La UDEF ahora examina el material intervenido para rastrear el origen de los fondos y comprobar la vinculación con Plus Ultra.
El choque político
El presidente Pedro Sánchez y la dirección del PSOE expresaron un apoyo explícito al "buen nombre" de Zapatero y apelaron a la presunción de inocencia; Sánchez envió mensajes internos para cerrar filas. La oposición reaccionó con dureza: el PP calificó la imputación de "extrema gravedad" y pidió explicaciones del Gobierno, mientras Vox y organizaciones como Hazte Oír ya se han personado y reclaman medidas cautelares como retirada de pasaporte. El PNV, representado por Aitor Esteban, advirtió que la acumulación de escándalos judiciales dificulta la continuidad de la legislatura si no hay mayor claridad.
El préstamo de €53 millones a Plus Ultra fue aprobado por la SEPI el 9 de marzo de 2021 dentro del fondo para empresas estratégicas; la instrucción judicial arrancó en 2022 y fue sobreseída inicialmente por la jueza Esperanza Collazos antes de reabrirse cuando Anticorrupción y la UDEF detectaron en 2024 indicios de posible blanqueo con vínculos a operaciones en Venezuela. En diciembre de 2025 fueron detenidos —y luego puestos en libertad— Julio Martínez Sola y el CEO Roberto Roselli, entre otros, en una operación que elevó la causa a la Audiencia Nacional. El catedrático Víctor Moreno Catena figura como abogado defensor de Zapatero para su declaración del 2 de junio.
La principal disputa es de versión: el juez Calama y la UDEF sostienen indicios de una red que canalizó pagos a favor de Zapatero y su entorno, mientras que el expresidente niega haber realizado gestiones ante la Administración o poseer sociedades mercantiles; la SEPI, por su parte, defiende su colaboración pero la UDEF afirma que entregó carpetas "vacías".
Hitos concretos a seguir: la declaración de Zapatero como investigado ante el juez José Luis Calama el 2 de junio; el análisis forense de la documentación y dispositivos incautados por la UDEF, cuyo resultado puede impulsar nuevas citaciones o imputaciones; las solicitudes de medidas cautelares anunciadas por Vox y Hazte Oír (retirada de pasaporte, prohibición de salida y fianzas), y las reclamaciones parlamentarias del PP para que el presidente Pedro Sánchez comparezca y el Senado active comisiones sobre la SEPI.