El fallo contra su exasistente cierra la investigación y pone el foco en la cadena ilegal de ketamina y el abuso de confianza.
Kenneth Iwamasa, exasistente personal de Matthew Perry, será sentenciado el 27 de mayo en un tribunal federal de Los Ángeles por su papel en la sobredosis fatal del actor. Iwamasa se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte y la Fiscalía pide tres años y cinco meses de cárcel. Fue quien inyectó la ketamina que el forense declaró como causa principal del fallecimiento y luego dejó al actor, según documentos judiciales. Su fallo llega después de que otros cuatro imputados —incluida la presunta principal traficante y un intermediario— recibieran condenas en los últimos meses.
La sentencia de Iwamasa marcará el cierre de una investigación de dos años y medio que desentrañó una red que suministró y administró ketamina a la estrella de Friends. El caso no solo determinó responsabilidades penales —con penas que van desde meses hasta 15 años—, sino que también reavivó el debate sobre el uso off-label de la ketamina para la depresión y los riesgos de los canales ilegales que la proveen. Para la familia de Perry, las cartas presentadas al tribunal recalcan la sensación de traición por parte de alguien contratado para cuidarlo.
Iwamasa, de 60 años, negoció un acuerdo de culpabilidad en agosto de 2024 y desde entonces ha sido el testigo clave de la fiscalía contra sus cuatro coacusados. Los documentos judiciales detallan que él compró y administró dosis repetidas de ketamina a Perry en los días previos a su muerte, y que al principio omitió esas inyecciones en las declaraciones a la policía. La Fiscalía reclama una pena mayor que la de algunos cooperadores pero menor que la solicitada sin su colaboración.
La familia de Perry presentó cartas al juez en las que responsabiliza directamente a Iwamasa del deterioro y la muerte del actor. Suzanne Morrison, madre de Perry, escribió que la familia «confiaba en un hombre sin conciencia» y que su hijo “pagó el precio” de esa confianza; añadió que Iwamasa facilitó y alentó el consumo ilegal. Las hermanas del actor también describieron en sus misivas cómo la presencia del asistente en el funeral dejó a la familia consternada.
“En lugar de proteger a Matthew, facilitó y alentó el consumo ilegal de drogas”— Suzanne Morrison
La red que terminó en la muerte de Perry ya dejó condenas: Jasveen Sangha, apodada la “Reina de la Ketamina”, recibió 15 años de prisión por traficar el fármaco; Erik Fleming, intermediario que entregó los viales a la casa del actor, fue sentenciado a dos años; y al menos un médico implicado recibió una pena federal por suministrar ketamina fuera de registros formales. Las resoluciones ilustran distintos grados de responsabilidad entre quienes proveían, intermediaban y administraban la droga.
““It’s truly a nightmare I can’t wake up from.””— Erik Fleming
Los hechos del 28 de octubre de 2023, según la investigación, constan en que Iwamasa inyectó a Perry una gran dosis de ketamina, salió de la casa y al volver encontró al actor inconsciente en la piscina. La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles determinó que los efectos agudos de la ketamina fueron la causa principal de la muerte y que el ahogamiento fue una causa secundaria. Las autopsias y registros médicos fueron pieza clave para conectar a vendedores, intermediarios y administradores.
Más allá de las penas, el caso subraya cómo la demanda por ketamina para tratar la depresión puede cruzar a mercados ilícitos cuando los pacientes buscan dosis que no prescriben los médicos. Investigaciones y condenas en esta causa podrían influir en cómo regulan y controlan la distribución del fármaco y en protocolos de acompañamiento para personas en riesgo de recaída. Para la familia, sin embargo, las cartas dejan claro que el daño es irreversible.
El próximo hito es la audiencia del 27 de mayo ante la jueza Sherilyn Peace Garnett, donde se conocerá la pena de Iwamasa y, posiblemente, las intervenciones públicas de familiares. El veredicto pondrá fin a la instrucción penal y dejará la discusión pública sobre la ketamina y los cuidadores informales en otra etapa: la política y la regulación.