Venezuela en La Haya y la agenda de una reapertura
Audiencias por el Esequibo, tensiones fronterizas y un giro hacia inversiones y FMI/BM marcan la semana.
- 01En La Haya
- 02Frontera y disparos
- 03Acercamiento con EE. UU.
- 04Economía y multilaterales
- 05Amnistía y derechos
- ◆Contexto
- ◆Qué se disputa
- ◆Qué viene
La presidenta encargada Delcy Rodríguez se presentó la semana pasada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para defender la reclamación venezolana sobre el Esequibo y rechazó que la solución dependa sólo de una sentencia judicial. Al mismo tiempo, Guyana protestó por disparos contra tropas en la frontera del Cuyuni, lo que elevó la tensión militar. En Caracas, el Gobierno acelera gestos hacia el mercado: anunció la reestructuración de la deuda pública y recibió delegaciones del Banco Mundial mientras negocia planes con Estados Unidos para reconstruir la red eléctrica.
La conjunción de una disputa territorial de largo aliento, incidentes en la línea limítrofe y la reapertura de canales financieros internacionales convierte a Venezuela en un caso de prueba regional. La presencia personal de Rodríguez en La Haya y el cónclave con el Banco Mundial señalan una oferta: defender soberanía territorial mientras se atrae financiamiento. Ese doble movimiento complica el tablero: una decisión de la CIJ, la evolución de los choques fronterizos y la concreción de acuerdos económicos definirán la estabilidad inmediata.
En La Haya
Delcy Rodríguez viajó a La Haya y defendió ante la CIJ la tesis de que la solución al Esequibo debe pasar por negociaciones políticas, no sólo por una sentencia judicial; insistió en la invalidez del Laudo Arbitral de 1899 y reivindicó la titularidad venezolana. El canciller Yván Gil acompañó la delegación y calificó los argumentos de Guyana de “negacionistas”, mientras Caracas presentó miles de folios como prueba. La Corte, que ya declaró su competencia para conocer el fondo, deberá ahora dictar una resolución que podría tardar meses.
Frontera y disparos
Georgetown remitió una nota de protesta pidiendo a Caracas investigar dos incidentes con disparos contra patrullas guyanesas en el río Cuyuni, uno de los cuales dejó a un soldado herido; la Fuerza de Defensa guyanesa dice que sus tropas respondieron en ambos casos. El reclamo ocurre días después de las audiencias en La Haya y agrava la sensación de riesgo en la línea limítrofe, donde episodios similares se han repetido en los últimos años. Caracas, por ahora, no ha emitido una respuesta oficial detallada a la nota de Georgetown.
Acercamiento con EE. UU.
En Caracas, el encargado de negocios estadounidense John Barrett se reunió con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para avanzar en un plan de tres fases destinado a reconstruir la red eléctrica venezolana, según la Embajada de EE. UU. Esa conversación se suma a contactos previos y a comentarios públicos del presidente Donald Trump —mencionando incluso de forma atípica la idea de convertir a Venezuela en “el 51.º estado”— que la administración estadounidense no ha detallado, pero que contribuyen a un clima de apertura pragmática.
Economía y multilaterales
El Gobierno anunció el inicio de un proceso “formal, integral y ordenado” para reestructurar la deuda externa y la de PDVSA, mientras una delegación del Banco Mundial, liderada por Susana Cordeiro Guerra, se reunió con Delcy Rodríguez para explorar cooperación. En paralelo, la producción petrolera oficial mostró recuperación —según la OPEP— lo que refuerza la narrativa de una economía reabierta a la inversión internacional. El Ejecutivo plantea que la normalización con FMI y BM permitirá atraer capital y refinanciar obligaciones.
Amnistía y derechos
Human Rights Watch advirtió que la implementación de la ley de amnistía tiene “graves deficiencias” y pidió la liberación incondicional de detenidos por razones políticas; la ONG señaló criterios restrictivos, falta de transparencia y problemas de acceso a expedientes. El Ejecutivo sostiene que más de 9.000 personas han sido amnistiadas, mientras familiares y Foro Penal denuncian que el mecanismo funciona como un embudo que retrasa libertades. Delcy Rodríguez ha denunciado, además, cobros indebidos por parte de jueces en el proceso.
El conflicto por el Esequibo tiene raíces coloniales: el Laudo Arbitral de 1899 fijó límites que Caracas declaró nulos en 1962 y ambos países suscribieron el Acuerdo de Ginebra de 1966 para intentar soluciones negociadas. Guyana llevó el caso a la CIJ en 2018, tras encontrar hidrocarburos frente a su costa, y en 2020 y 2023 la Corte confirmó su competencia para examinar el fondo. La captura en enero del expresidente Nicolás Maduro por EE. UU. aceleró la apertura venezolana hacia Washington y multilaterales; en ese marco la administración de Delcy Rodríguez promueve reformas legales y económicas para atraer inversión y normalizar relaciones con FMI y Banco Mundial.
Lo disputado es claro: la titularidad del Esequibo (Venezuela reclama soberanía histórica; Guyana administra el territorio y pide que la CIJ valide el laudo de 1899); la vía para resolverlo (Caracas apuesta por negociación, Georgetown por fallo judicial); y la efectividad de la ley de amnistía (Gobierno habla de miles amnistiados; HRW y Foro Penal denuncian restricciones y opacidad). Además, Guyana exige que Venezuela investigue disparos fronterizos reportados en el Cuyuni, una versión que Caracas no ha confirmado públicamente.
La CIJ tardará meses en emitir una sentencia vinculante sobre la validez del laudo de 1899; ese fallo será un horizonte clave. En las próximas semanas habrá que vigilar la respuesta formal de Caracas a la nota de protesta de Guyana y cualquier investigación sobre los disparos en el Cuyuni. En el frente económico, el seguimiento del proceso de reestructuración anunciado el 13 de mayo, la concreción de acuerdos con el Banco Mundial y los avances del plan tripartito para la red eléctrica que negocian EE. UU. y firmas como Siemens o General Electric serán hitos decisivos.