La disputa entre el senador Fidel Espinoza y el diputado Manouchehri escaló a la justicia; la bancada PS respalda al diputado mientras crecen los riesgos políticos y jurídicos — en un contexto donde otros casos de desafuero también tensionan tribunales.
01El conflicto se originó durante la sesión del Senado del 10 de noviembre, cuando la comparecencia de una delegación de diputados que defendía la acusación constitucional contra el exjuez Antonio Ulloa terminó en un choque entre parlamentarios del PS: Daniel Manouchehri habría tildado de “corrupto” al senador Fidel Espinoza, mientras que Espinoza le gritó desde su asiento epítetos como “sucio”, “mala leche” y “mentiroso”; el intercambio derivó en la suspensión temporal de la sesión.
02En reacción, el senador Espinoza presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso una solicitud de desafuero contra Manouchehri para permitir la formación de una investigación penal por el eventual delito de “injuria grave”. La petición fue patrocinada por el abogado Enrique Aldunate —quien, según las publicaciones, fue exasesor del propio Manouchehri y de la bancada PS— y apunta a que las imputaciones contra Espinoza excederían la protección constitucional por haber ocurrido, según la defensoría del senador, cuando la sesión estaba ya suspendida.
03Manouchehri rechazó las imputaciones y señaló que fue Espinoza quien lo insultó y, según su versión, lo habría amenazado físicamente fuera de la sala; en consecuencia, el diputado presentó una denuncia por presuntas amenazas ante el Ministerio Público. Las partes han introducido grabaciones y referencias a la suspensión de la sesión como elementos rumbo a sus respectivas acciones judiciales.
04La bancada de diputados del Partido Socialista salió en respaldo público de Manouchehri, defendiendo su trayectoria en indagaciones por probidad y advirtiendo que desaforar a un parlamentario por expresiones en la Sala, en el marco de un debate político, carece de sustento jurídico y sería un “grave precedente para la democracia”. En sus comunicados, la bancada resaltó el liderazgo de Manouchehri y Daniella Cicardini en la lucha contra redes de poder y corrupción dentro del Poder Judicial.
05La disputa ha generado inquietud interna: es inédito que un senador pida el desafuero de un diputado del mismo partido y dirigentes del PS advierten que la judicialización de conflictos políticos puede dañar la colectividad. Algunos sectores piden que la directiva actúe, mientras que otros prefieren mantenerse al margen; además existe temor de que la pérdida temporal del fuero de Manouchehri afecte los números de la futura oposición en la Cámara de Diputados, donde la derecha está a pocos votos de la mayoría absoluta.
06En lo procesal, la petición de Espinoza se apoya en el inciso 3° del artículo 416 del Código Procesal Penal: los tribunales requieren, antes de tramitar una querella por delitos de acción privada, que se solicite el desafuero cuando corresponda. Desde la defensa de Espinoza se afirma que la inviolabilidad parlamentaria no cubre hechos ocurridos fuera del ejercicio de la sesión (según la versión presentada, una vez suspendida), mientras que la defensa de Manouchehri sostiene que las expresiones fueron formuladas en el marco de un debate político en la Sala y gozan de protección constitucional.
07El caso se inscribe además en un contexto judicial más amplio: en mayo de 2026 la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó una solicitud de desafuero contra el expresidente Gabriel Boric por una querella por injurias del exdirector del SLEP Atacama, Daslav Mihovilovic; el tribunal consideró que las expresiones atribuidas al exmandatario constituían una crítica a la gestión y no demostraban el ánimo de deshonrar requerido para el delito. Mihovilovic apeló esa resolución a la Corte Suprema, lo que subraya que las decisiones sobre desafueros por declaraciones públicas siguen siendo materia de debate judicial y generan recursos de apelación.
08Estado procesal y posibles próximos pasos: la solicitud de desafuero contra Manouchehri quedó en manos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que deberá decidir si autoriza la formación de causa; esa resolución podría ser recurrida a la Corte Suprema. Mientras tanto, la pugna política dentro del PS permanece abierta y con riesgo de escalada cuando Daniella Cicardini —aliada de Manouchehri— asuma en el Senado, lo que podría convertir el conflicto personal en una disputa intrabancada con consecuencias parlamentarias.