La norma busca facilitar notificaciones en la Ley de Expulsiones; el Gobierno mantiene la indicación pese a reparos de Salud y Educación.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la indicación incluida en el proyecto de Ley de Expulsiones y aseguró que no crea una obligación general de denunciar a migrantes en situación irregular, durante su intervención en el programa Estado Nacional. Pavez explicó que la medida responde a dificultades señaladas por la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migración para ubicar a las personas notificadas en procesos administrativos, por lo que busca acceder a datos de contacto —domicilio, teléfono o correo— que permitan garantizar notificaciones y el derecho a presentar descargos; el subsecretario descartó además que el Gobierno vaya a retirar la indicación.
La propuesta ha generado reparos desde el Ministerio de Salud y sectores educativos, que advierten que podría desincentivar la búsqueda de atención por parte de migrantes; Pavez reconoció la preocupación como legítima pero sostuvo que la indicación no impedirá la atención sanitaria ni educativa y que la información se usaría estrictamente en el marco de los procedimientos migratorios y la ley de protección de datos. El subsecretario comparó además la facultad con poderes existentes en materia penal para requerir antecedentes a instituciones públicas y recordó que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados “prácticamente por unanimidad”.
El Gobierno mantendrá la indicación mientras avanza el trámite legislativo, por lo que las observaciones de ministerios como Salud y Educación y el escrutinio público serán los próximos hitos a observar en torno a cómo se operacionalizarán los pedidos de información y las salvaguardias para garantizar el acceso a servicios y el derecho a defensa de las personas afectadas.