Un estudio de la Defensoría de la Niñez muestra aumento de riesgos digitales y pide responsabilidades claras del Estado y empresas.
La Defensoría de la Niñez presentó el estudio “Responsabilidad del Estado y las Empresas como Garantes de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Entorno Digital”, que documenta que el contacto de menores con personas desconocidas en internet subió de 19% en 2016 a 42% en 2022. La investigación complementa la Radiografía Digital de Niñas y Niños 2025 al consignar que 48% ha jugado o se ha comunicado en línea con personas que no conoce y que 40% fue contactado por desconocidos vía redes sociales, cifras que muestran una expansión de la exposición digital de NNA en los últimos años.
El informe advierte además sobre uso problemático de dispositivos —28% de estudiantes se siente ansioso sin su celular en clases, 30% dice sentirse desconectado y 44% pierde la noción del tiempo— y sobre exposición a desinformación, donde casi cuatro de cada diez alumnos de 15 años reconocen haber compartido información falsa sin saberlo. La Defensoría identifica riesgos asociados a ciberacoso, acoso sexual digital, contenidos dañinos, manipulación comercial, perfilamiento algorítmico y uso intensivo de datos, y señala que “los riesgos digitales … exceden sus posibilidades reales de control”, por lo que la protección debe incorporar responsabilidades del Estado y de las plataformas.
Aunque el estudio reconoce avances como la Ley de Garantías de la Niñez y la nueva Ley de Protección de Datos Personales, identifica vacíos: falta de una regulación integral de seguridad digital para NNA, ausencia de obligaciones proactivas para plataformas, estándares de verificación de edad, normas sobre publicidad dirigida a menores y una institucionalidad especializada. La Defensoría plantea avanzar hacia reglas con enfoque de derechos, prevención por diseño, protección de datos, transparencia algorítmica y mecanismos efectivos de denuncia y reparación; queda por ver si el Estado y las empresas traducirán estas propuestas en medidas regulatorias o fiscalización concreta.