Tras la gira a Perú y críticas internas, el Presidente reinterpreta su promesa de expulsiones mientras empuja cambios legales para facilitar controles y coordinar con países vecinos
01La noticia más reciente (mayo de 2026) es el replanteo público del presidente José Antonio Kast sobre su promesa de campaña de expulsar masivamente a migrantes irregulares: la calificó de “metáfora” u “hipérbole” y defendió la gestión migratoria de su gobierno, asegurando que continuará con medidas de control y expulsiones y que muchos migrantes saldrán “voluntariamente”. Estas declaraciones fueron hechas durante actos públicos con empresarios y en puntos de prensa, donde el Presidente insistió en que el objetivo es “recuperar el orden” y dar certeza de seguridad y jurídica a la ciudadanía y a los inversionistas.
02En paralelo, el Ejecutivo impulsó una indicación legislativa destinada a que establecimientos de salud y educación (públicos y privados) y otros órganos de la administración estén obligados a entregar datos de migrantes irregulares a las autoridades para facilitar procesos de expulsión. La medida fue presentada como un mecanismo para “ordenar” prestaciones sociales y focalizar fiscalizaciones; el Gobierno subraya que no se pretende perseguir a niños protegidos por el derecho internacional, sino acceder a información de adultos responsables cuando sea pertinente.
03Los reportes oficiales y periodísticos citados por EFE recuerdan además el contexto numérico y operativo: en Chile hay más de 330.000 extranjeros en situación irregular (según el INE), desde el inicio de la administración se han realizado dos vuelos de expulsión que transportaron alrededor de 80 personas y en 2025 se registraron 1.117 expulsiones; existen decenas de miles de órdenes pendientes (estimaciones hablan de cerca de 75.000), muchas de ellas de venezolanos, cuya deportación está complicada por la ruptura de relaciones diplomáticas con Caracas.
04La agenda internacional y la búsqueda de acuerdos regionales marcaron la primera fase del año: en enero Kast viajó a Perú y se reunió con el presidente interino José Jerí. Ambos coincidieron en priorizar la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado transnacional y la migración irregular, y Jerí propuso la creación de un “gabinete binacional” una vez que Kast asuma, mientras que la visita incluyó además encuentros con empresarios para impulsar inversión y crecimiento.
05Una de las propuestas más visibles de Kast fue la idea de un “corredor humanitario” para facilitar el retorno de migrantes —especialmente venezolanos— a su país de origen. En Perú esa iniciativa no recibió respaldo: el presidente Jerí dijo que “preliminarmente” la idea está descartada y vinculó la política migratoria a desafíos de seguridad y a la necesidad de no incrementar el ingreso de migrantes al territorio peruano. Kast, por su parte, ha señalado que necesitaría estar en posesión del cargo y coordinar con los poderes del Estado para avanzar en acuerdos de este tipo.
06La negativa peruana y la falta de acuerdos regionales generaron críticas domésticas: el jefe de bancada Raúl Soto (PPD) sostuvo que el rechazo de Perú podría probar la ineficacia de las gestiones del presidente electo y eventualmente significar el fracaso de un compromiso importante de campaña, cuestionando las altas expectativas generadas y la capacidad de cumplir promesas sin resultados concretos.
07El telón geopolítico y la retórica de seguridad alimentan la iniciativa: columnas y análisis han situado la propuesta migratoria de Kast en un contexto internacional donde cambios en Venezuela y la presión de actores como Estados Unidos (mencionados en análisis sobre la situación hemisférica) modifican la viabilidad de retornos y acuerdos multilaterales. Kast ha vinculado además la migración con el combate al crimen organizado y ha impulsado medidas fronterizas (por ejemplo, obras de control en el norte) como parte de un paquete de seguridad más amplio.
08Persiste la incógnita sobre la viabilidad práctica de las propuestas: la ejecución de expulsiones masivas depende de acuerdos con terceros (especialmente Venezuela), recursos administrativos y judiciales para procesar órdenes, y del apoyo regional que por ahora muestra resistencias (como la de Perú) y divisiones (ausencia de un respaldo claro de países como Colombia). En lo interno, la reforma propuesta para obligar a instituciones públicas y privadas a entregar datos puede acelerar procedimientos, pero abre debates jurídicos y éticos sobre privacidad, protección de menores y la aplicación del derecho internacional.