Contraloría detecta contratación de personas inhabilitadas para trabajar con menores; Defensoría exige medidas y la CGR aplica sanciones

01La Contraloría General de la República informó que en 2025 se detectaron 35 personas inhabilitadas para trabajar con menores que desempeñaron funciones públicas con contacto “directo y habitual” con niños, niñas y adolescentes, y que entre 2020 y agosto de 2025 se registraron 164 casos de ese tipo. En total, serían 72 instituciones públicas las que contrataron a personas con esa condición, principalmente vinculadas a municipalidades y al ámbito educacional.

02Las contrataciones irregulares se concentraron mayoritariamente en cargos del ámbito escolar (profesores, asistentes de la educación, auxiliares de aseo) y en municipalidades. Entre las entidades señaladas por la Contraloría figuran municipalidades como El Bosque, Puyehue, Constitución, Nancagua, Quinta de Tilcoco, Valdivia, Los Andes, Tomé, Puerto Montt, San Pedro de la Paz, El Monte, San Pedro de Atacama, Vichuquén, Concepción, La Pintana, Lago Ranco, San Javier, Illapel, Mariquina, Lumaco y Peralillo, además de diversos SLEP, corporaciones municipales y servicios de salud.

03El marco legal aplicable es el Decreto Ley N.º 645 de 1925 (Registro General de Condenas y Registro Seccional de Inhabilitaciones), que obliga a las instituciones a verificar, antes de contratar, si una persona está sujeta a inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para desempeñar funciones con menores. La Contraloría destacó que las entidades incumplieron esa obligación y ordenó iniciar las acciones derivadas correspondientes.

04Ante estos hallazgos, la Defensoría de la Niñez ofició a las 72 instituciones señaladas para conocer las acciones correctivas adoptadas, el detalle de las contrataciones en esa condición y las fechas de inhabilitación; además solicitó una reunión con la contralora Dorothy Pérez. La Defensoría exigió la implementación urgente de mecanismos de control preventivos y obligatorios, incluyendo la consulta sistemática al Registro General de Condenas y al Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación, y advirtió que el incumplimiento compromete la protección efectiva de derechos de la niñez.

05La Contraloría ordenó que las acciones derivadas por las instituciones sean reportadas en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) en un plazo perentorio —se mencionó un plazo de cinco días hábiles— y exigió el inicio de los procedimientos disciplinarios que correspondan para restablecer cumplimiento normativo y responsabilidades administrativas.

06El caso y la reacción institucional se enmarcan en una crítica más amplia sobre fallas en los sistemas de control en el Estado: la Defensoría calificó estas omisiones como "graves falencias" que exponen a menores a riesgos inadmisibles y exigió medidas inmediatas para que no se repitan.

07En la misma línea de mayor fiscalización y uso de sus facultades, la Contraloría aplicó en mayo de 2026 una medida de suspensión al jefe jurídico del Senda, Pablo Toribio, por no informar el inicio de sumarios contra funcionarios que, estando con licencia médica, habrían apostado en casinos. La resolución se funda en el artículo 9 de la Ley N.º 10.336 y marca la primera aplicación de este tipo de sanción por parte de la CGR en más de una década; el caso proviene del CIC N°15, que había reportado que más de 13.000 funcionarios acudieron a casinos estando con licencia médica durante 2023 y 2024.

08El conjunto de informes y medidas pone de relieve la necesidad de reforzar controles preventivos y procedimientos administrativos en instituciones públicas —especialmente municipales y educacionales— para verificar antecedentes penales e inhabilitaciones antes de cualquier contratación, así como de garantizar la rápida tramitación de sumarios y sanciones cuando se detecten incumplimientos.