La decisión busca coordinar respuesta ante un brote con casos confirmados en RDC y Uganda y medidas restrictivas desde EE. UU.
La Organización Mundial de la Salud declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por un brote de la cepa Bundibugyo del ébola que afecta a la República Democrática del Congo (Ituri) y a Uganda. La medida se anunció tras la confirmación de al menos ocho casos en laboratorio y cientos de sospechosos; las autoridades registran decenas de muertes probables y la presencia del virus en Kinshasa y Kampala. La OMS advirtió que la alta positividad de las muestras y la aparición de casos en centros urbanos indican que la circulación real podría ser mayor. Paralelamente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. activaron restricciones de ingreso para viajeros desde Uganda, RDC y Sudán del Sur.
La declaración de ESPII busca movilizar recursos internacionales y coordinar medidas ante un virus —Bundibugyo— para el cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados. El brote ocurre en una zona afectada por inseguridad y alta movilidad poblacional, lo que aumenta el riesgo de transmisión transfronteriza. La decisión coincide con el inicio de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, donde se discutirán respuestas globales y la vigilancia de otros focos, como el hantavirus.
El director general de la OMS evaluó la evidencia con los gobiernos de RDC y Uganda antes de elevar la alerta y elogió el compromiso de las autoridades locales para controlar el brote. La organización señaló que, hasta el 16 de mayo, había confirmaciones de laboratorio y cientos de casos sospechosos en Ituri, y remarcó la necesidad de reforzar vigilancia y laboratorios. La OMS advirtió además que la expansión a ciudades como Kinshasa y Kampala sugiere una amenaza regional. Tras la declaración, pidió a los países coordinarse y evitó recomendar cierres generalizados de fronteras.
““Agradezco a los líderes de República Democrática del Congo y Uganda por su compromiso de adoptar medidas necesarias y enérgicas para controlar el evento””— Edros Adhanom Ghebreyesus
La provincia de Ituri, en el este de la RDC, es un nodo comercial y migratorio que facilita la dispersión del virus, mientras la inseguridad y el desplazamiento de población dificultan las tareas de detección y aislamiento. En la región se reportaron además fallecimientos de trabajadores sanitarios, lo que revela brechas en control de infecciones y capacidad operativa. Médicos Sin Fronteras advirtió que la cepa Bundibugyo carece de tratamientos y vacunas aprobadas, y estimó una tasa de mortalidad superior a la registrada en otras variantes. Ese panorama complica la respuesta sobre el terreno y la necesidad de apoyar instalaciones locales.
La 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, que comienza en Ginebra, incorporó el brote en sus agendas y servirá de foro para dirimir prioridades globales: fortalecimiento de cadenas de laboratorio, medidas de prevención en puntos de entrada y apoyo a áreas afectadas por conflictos. Delegados y expertos debatirán además el monitoreo de otros eventos, como el hantavirus, y mecanismos para financiar respuestas rápidas. La OMS busca con la ESPII acelerar recursos internacionales y garantizar protocolos de protección para el personal sanitario en terreno.
Las cifras no coinciden entre organismos: algunos reportes citan alrededor de 80 muertes sospechosas y 246 casos sospechosos, mientras otras fuentes elevan el conteo de sospechosos y estiman más de 100 muertes probables; la discrepancia responde en parte a la baja cantidad de muestras analizadas en zonas de difícil acceso. También hay tensión sobre las medidas de viaje: la OMS recomienda evitar cierres de fronteras, pero EE. UU. impuso restricciones de ingreso mediante el Título 42.
El próximo hito es la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, donde gobiernos y la OMS evaluarán esfuerzos de contención, necesidades de financiamiento y la expansión de la vigilancia regional. En paralelo, la restricción estadounidense por Título 42 será revisada en su plazo inicial de 30 días, lo que permitirá observar si más países adoptan medidas similares.