La indicación sube el ingreso en 2,7% pero la votación en sala quedó aplazada y sindicatos acusan demora perjudicial a trabajadores.
La Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó en general la nueva indicación del Ejecutivo que eleva el salario mínimo desde $539.000 a $553.553, un alza de $14.553 (2,7%). La votación en comisión fue de 12 a favor y 1 en contra, pero la sala de la Cámara postergó la votación definitiva para la primera semana de junio. El cambio incluye la inflación de abril y amplía la propuesta inicial, que planteaba un aumento de $7.546. Los cerca de 800.000 trabajadores que reciben el ingreso mínimo deberán esperar el trámite pleno y la posible retroactividad del ajuste.
El ajuste importa porque afecta a más de 800.000 trabajadores y tensiona la negociación entre Ejecutivo, sindicatos y parlamentarios en un año de presión inflacionaria. La indicación suma el IPC de abril para mantener poder adquisitivo, pero su tramitación demorada obliga a un pago retroactivo si se aprueba después de mayo. Además, la disputa expone el choque entre la estrategia del gobierno para contener costos laborales y la demanda sindical por aumentos más amplios.
La indicación del Ejecutivo modificó la propuesta original y sumó el IPC de abril (1,3%), elevando el reajuste acumulado en el año a 2,7% y llevando el ingreso mínimo a $553.553. La iniciativa fue aprobada en general en la Comisión de Trabajo con 12 votos a favor y uno en contra; en la votación particular la indicación contó con 7 votos a favor y 6 abstenciones. Si avanza en la Cámara, deberá aún ser discutida y votada en el Senado antes de convertirse en ley. El cálculo inicial del Gobierno consideraba solo la inflación del primer trimestre y proyectaba un alza menor.
Desde Hacienda el ministro Jorge Quiroz defendió la propuesta técnica del Ejecutivo, que busca conciliar la protección del poder adquisitivo con la sostenibilidad de las empresas, especialmente micro y pequeñas. Quiroz ha advertido que los costos laborales para los empleadores subirán en los próximos años por cambios previsionales y la implementación de la jornada de 40 horas. Esa explicación fue parte del argumento para presentar inicialmente un ajuste más acotado y evitar un impacto abrupto en la masa salarial. El Ejecutivo presentó además un mecanismo para evaluar un nuevo reajuste a partir de 2027.
La votación en sala fue aplazada y quedó programada para la primera semana de junio, por lo que el eventual aumento —que el gobierno había dicho debía regir desde el 1 de mayo— se pagaría de forma retroactiva si se aprueba más tarde. En la comisión el subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende, dijo que en la discusión en el Senado no existiría la posibilidad de elevar el guarismo aprobado en comisión. El calendario legislativo y la tramitación en ambas cámaras definirán cuándo comenzarán a percibir el ajuste los beneficiarios.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) cuestionó con dureza la postergación y la magnitud del alza, advirtiendo que la medida llega insuficiente ante la pérdida de poder adquisitivo de las familias. El presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, sostuvo que "El gobierno está improvisando y manejando mal los tiempos, al desplazar las medidas laborales por medidas económicas que benefician a grupos empresariales" y calificó la demora como una mala señal para los trabajadores.
“El gobierno está improvisando y manejando mal los tiempos, al desplazar las medidas laborales por medidas económicas que benefician a grupos empresariales”— José Manuel Díaz
La aprobación en comisión también dejó tensiones internas: el diputado Luis Alberto Cuello pidió cambiar su voto de favor a abstención tras la votación particular, solicitud que el presidente de la comisión, José Carlos Meza, rechazó por reglas de procedimiento. El diputado Héctor Ulloa, que votó en contra, aseguró que "el guarismo propuesto por el gobierno es absolutamente insuficiente" y reclamó que las familias necesitan mejoras que se extiendan más allá de abril. La división en la bancada muestra espacio para mayores negociaciones en la tramitación en sala y en el Senado.
Hay discrepancias en las cifras que atribuyen a la CUT como demanda mínima: un reporte consigna una solicitud de $637.700 y otro menciona $647.000, diferencias que no han sido aclaradas públicamente en los documentos del sindicato. También existen matices en las versiones sobre si el Gobierno todavía podría aumentar el monto en la tramitación en el Senado.
El próximo hito es la votación en sala de la Cámara durante la primera semana de junio; de aprobarse, el proyecto pasará al Senado para su revisión. Mientras tanto, si la ley se promulga con fecha posterior a mayo, los empleadores deberán pagar el reajuste de manera retroactiva a quienes perciben el salario mínimo.