Marchas y bloqueos exigen la renuncia de Rodrigo Paz; enfrentamientos y saqueos alteran servicios y ponen en juego medidas de excepción.
Sectores afines al expresidente Evo Morales llegaron a La Paz tras una caminata de siete días y exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz, advirtiendo que, si no dimite o convoca elecciones en 90 días, buscarán su salida mediante una “convulsión social”, dijo el dirigente campesino Nelson Virreira, de Evo Pueblo. Las movilizaciones, que se sumaron a las de la Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos Túpac Katari, intentaron avanzar hacia la plaza Murillo y derivaron en choques con policías; manifestantes lanzaron piedras, petardos y cargas de dinamita mientras las fuerzas usaron gases lacrimógenos, y se reportaron saqueos, quema de mobiliario y un vehículo policial incendiado.
Los disturbios causaron daños en sedes públicas y privadas: estaciones del teleférico y el Tribunal Departamental de Justicia registraron destrozos y la empresa estatal Mi Teleférico suspendió temporalmente líneas afectadas. En Sucre, el fiscal general Roger Mariaca anunció una orden de captura contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, por cargos que el Gobierno atribuye a los líderes de las movilizaciones. Al mismo tiempo, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Universidad Mayor de San Andrés pidieron diálogo y expresaron preocupación por la escalada de violencia y las agresiones a periodistas.
Las próximas señales que definirán la crisis son claras: la decisión de Rodrigo Paz de renunciar o llamar a comicios en el plazo que exigen los movilizados; la posible tramitación por parte de la Asamblea Legislativa de un estado de excepción sectorizado que pidieron autoridades de Santa Cruz; y la ejecución de las órdenes judiciales contra dirigentes. Mientras persisten los bloqueos que ya cumplen casi dos semanas, esas tres medidas marcarán si las protestas escalan o si se abren canales de negociación.